Taxistas recurrirán a SCJN ante indiferencia de autoridades; protestaron en Valle de México
Desterrar de las calles de la Ciudad de México el servicio de transporte que ofrecen automóviles particulares a través de aplicaciones móviles como Uber y Cabify, es el más fiel propósito que taxistas concesionados capitalinos buscarán concretar el próximo año, y será a través de un acción legal ante el máximo tribunal de justicia en […]
Desterrar de las calles de la Ciudad de México el servicio de transporte que ofrecen automóviles particulares a través de aplicaciones móviles como Uber y Cabify, es el más fiel propósito que taxistas concesionados capitalinos buscarán concretar el próximo año, y será a través de un acción legal ante el máximo tribunal de justicia en el país, informó Ignacio Rodríguez, vocero del Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México, esto tras agotar todos los recursos legales en el orden local.
“Nosotros vamos a buscar llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que sea un ministro el que haga la declaratoria de inconstitucionalidad sobre cualquier documento que pretenda avalar la legalidad de estos servicios porque son ilegales”.
La proliferación de estas empresas en México, contribuyó a incrementar el parque vehicular en la capital del país en 80 mil nuevas unidades, según sus estimaciones y taxistas capitalinos registran pérdidas económicas del 40 por ciento en sus ingresos, los cuales podrían seguir descendiendo ante la imposición de la Secretaria de Movilidad (Semovi) para adquirir nuevas y costosas unidades como parte del programa de transición a automóviles menos contaminantes.
“Hay un ambiente de anarquía e incumplimiento de nuestra reglas, y lo más grave, es que este servicio de automóviles particulares ya se traspoló al servicio de motocicletas, que seguramente no cumplen con las normas de seguridad establecidas”.
En conferencia, se pronunciaron porque la Semovi que dirige Héctor Serrano, entregue un informe sobre las reglas de operación, tarifas y aportaciones de este tipo de empresas, entre ellas, Uber, Cabify, Buggy Rides, Taxifi y Ergromotos, así como la necesidad de integrar un Fondo Público de Movilidad con todas las aportaciones relacionadas para evitar que haya desvíos financieros.