Militares dividen a Peña y CNDH

El papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es el debate que –durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos– marcó discrepancia entre el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y el ombudsman, Luis González Pérez.

El Gobierno de la República avala la actualización del marco legal que permita regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, situación que soportará la estancia de marinos y militares en las calles del país.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció , en la medida de lo posible, por que los soldados regresen a sus cuarteles, pues aseveró que la seguridad pública corresponde y debe estar a cargo de las instituciones civiles.

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, Peña Nieto subrayó que, además, están en proceso legislativo diversas iniciativas de reforma y leyes, como las dos que presentó hace un año, para combatir la desaparición de personas y la tortura.

Afirmó que su gobierno no voltea la mirada ante los problemas, sino que busca darles solución, como a la violencia e inseguridad que amenazan ciertas zonas.

“Se trata de retos que debemos enfrentar con sentido de urgencia y con espíritu de unidad, en particular la inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas en ciertas zonas y ciudades del país”, expresó.

El mandatario refrendó su compromiso con los derechos humanos y advirtió que seguirá sumando esfuerzos en favor de la no discriminación, la inclusión y la igualdad de género, la legalidad y la tolerancia, articulando esfuerzos entre poderes y órdenes de gobierno.

“Hacia adelante daremos prioridad al combate de la desaparición de personas, a la consolidación de mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y al fortalecimiento de las acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres”, señaló el mandatario durante la ceremonia.

Mencionó que la inseguridad y la violencia han sido una amenaza para la integridad y dignidad de las personas, particularmente en ciertas zonas y ciudades del país, y que se debe reconocer que muchos de estos delitos tienen causas estructurales y vienen de años atrás.

“Para ofrecer una respuesta integral a estos delitos, trabajamos en estrecha coordinación con legisladores, autoridades locales, organismos defensores de los derechos humanos, expertos y con la representación de la sociedad civil”, apuntó.

No debe ser permanente

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente ni promover que así sea.

Subrayó que si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, “las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social”.

Al indicar que 2016 es uno de los años más violentos, el ombusdman pidió no descalificar a los defensores de los derechos humanos y que gradualmente las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.

En un contexto adverso, expresó González Pérez, hay oportunidad de cimentar instituciones.

“La seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, nuestra fuerza armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable.

“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”, destacó durante su discurso el titular de la CNDH.

Apuntó que cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores, necesariamente debe tener como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, base de los derechos humanos, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que prevé la Constitución.

En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, González Pérez expuso que es preciso actuar para atender los puntos que más vulneran el sistema de procuración e impartición de justicia, y que inciden en la percepción que la sociedad tiene de las autoridades y las instituciones.

El ombudsman llamó a fortalecer la voluntad expresada y las acciones emprendidas para abatir la corrupción y la impunidad, propiciando un sistema que dé una respuesta efectiva y real a los planteamientos y necesidades de la sociedad; que se encuentre legitimado y avalado por ella.

También, “no defraudar lo que la sociedad espera de nosotros”, pues “si bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así como permitir la mejor y debida persecución de los delitos”.