Constitución CDMX sí se promulgará el 5 de febrero

A lo que diputados del PRD respondieron pidiendo que no se trajera “un falso debate porque la Constitución sí defiende la dignidad de la persona”.

En tanto que al no alcanzar la votación necesaria, el tema propuesto por el PAN fue eliminado definitivamente de la Constitución.

Mientras que en el caso de la propuesta perredista del derecho al voto desde los 16 años, los perredistas quisieron convencer a PRI y PAN de las virtudes de la misma, pero al final no se logró la votación de mayoría por lo que este derecho, que sí estaba en la redacción, fue borrado.

Un tema polémico que sí logró entrar fue la revocación de mandato, aunque hubo voces como la de Gabriel Quadri del Panal que lo calificaron de inconstitucional y dañino para la acción gubernamental.

Sin embargo, la izquierda sostuvo que con esto se da verdadero poder a la ciudadanía para actuar contra los malos gobernantes.

Tras el borrador de Mancera

El vocero del PRD en la Constituyente, Roberto López, aseguró que se aprobó 99 por ciento del contenido original del proyecto de Constitución entregado por el Gobierno capitalino y aunque no entraron algunos temas como el voto a partir de los 16 o el régimen de pensiones para personas no asalariadas, se destacaron varias novedades de avanzada para esta ciudad y el país.

Las novedades

Además de salvaguardar derechos ya alcanzados en la ciudad, como el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, se incluyó el uso medicinal de la marihuana.

Así como la libertad de manifestación con la actuación policial ante daños a terceros.

También se autorizaron herramientas de participación ciudadana como referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y la revocación de mandato.

Este lunes, los diputados aún tenían pendientes los artículos transitorios y la armonización en todo el texto constitucional.

Lo que sigue

Posterior a su aprobación, la Carta Magna será publicada en la Gaceta oficial de la CDMX y el Diario Oficial de la Federación.

Entrará en vigor en 2018, a excepción de los temas electorales que comienzan este año por la adecuación para el proceso electoral en que se elegirán alcaldes y no delegados.

Sin embargo, organizaciones y representantes de comunidades indígenas han adelantado que impugnarán su contenido por no estar de acuerdo con él o con los procesos irregulares en que se realizó.