Caso Ficrea llega a manos de la SCJN

A dos años de ser revelado el fraude de Ficrea, el caso llegará a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que dictará veredicto sobre el daño a los ahorradores.

Fauzi Hamdan Amad, abogado del caso, indicó que de manera colectiva, mil 500 afectados interpusieron una denuncia ante la instancia superior de justicia, para exigir que se retorne lo invertido con su respectivo interés y daño moral a los afectados.

En total son siete mil ahorradores, que reclaman un monto de siete mil millones de pesos, quienes aseguran este robo no ha sido resuelto por la red de corrupción dentro del sistema financiero y las autoridades correspondientes.

Fernando González, representante e interventor de los defraudados, explicó que desde 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tenía conocimiento de las irregularidades sobre la operación de Ficrea y al ser órgano regulador debió intervenir o emitir sanción alguna, lo cual no hizo.

“Se limitó a realizar recomendaciones, teniendo una actuación indebida, indolente, negligente, deficiente, e inexcusable, trayendo como consecuencia la quiebra de Ficrea, con los consecuentes, graves y catastróficos daños y perjuicios, tanto materiales como morales para los ahorradores”.

Los representantes de los defraudados agregaron que también la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido omisa para atender el caso, pues aunque se busca a Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, éste ha adquirido propiedades por hasta 63 millones de dólares en Estados Unidos.

“El problema es comprobar que estos bienes se verificaron allá con el dinero de los ahorradores, él (Olvera Amezcua) se pasea libremente en Estados Unidos, presume una colección de autos antiguos en San Antonio (Texas), pese a que es buscado por la Interpol”, acotó González.

Agregó que de dar dictamen a favor de los afectados, la Suprema Corte sentaría un antecedente en contra de la corrupción, y daría un paso para corregir el fallido sistema financiero mexicano.

“Puede pasarle a cualquier institución financiera de nuestro país, sabemos que hay los elementos para que se lleven a cabo este tipo de fraudes, porque la autoridad no cumple con su trabajo”, concluyó el representante legal.