Una deuda histórica con las comunidades afromexicanas e indígenas

Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, México reconoció que históricamente ha vulnerado los derechos de las comunidades afromexicanas e indígenas, lo que obliga hoy al Estado mexicano a otorgarles mayor protección y apoyo. Actualmente existen más de 12 millones de indígenas y 1.3 millones de afromexicanos.

La discriminación no tiene fronteras y México no se encuentra exime de la presentación de tan lamentables conductas. Los hechos suscitados en el Paso, Texas, visualizaron el aumento en cantidad e intensidad de actos de violencia fomentados por ideas basadas en la superioridad y en el odio. Por ello, todos los Gobiernos, incluyendo al mexicano deben ser responsables de unir y no dividir, todos somos seres humanos. con dignidad, todos complementarios. Los discursos de odio deben ser erradicados, ya que se genera discriminación y violación de derechos.

Es necesario proteger a los migrantes que atraviesan el territorio nacional en busca de un mejor futuro, así como a los indígenas, afromexicanos y a cualquier otro grupo étnico, ante actos de violencia, producto de propagandas discriminatorias.

Aún hay mucho trabajo por hacer para atender las recomendaciones que diversos organismos internacionales han emitido al Estado mexicano, tal es el caso de la tipificación de la discriminación racial y los discursos de odio como acto punible. Actualmente se encuentran pendientes de análisis tres iniciativas en el Congreso de la Unión, que tienen como finalidad dar cumplimiento a lo establecido por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Es importante señalar que, el 19 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la que se condena al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal a subsanar, en el plazo de un año, la omisión legislativa relativa a tipificar como delito la discriminación racial y los discursos de odio, por lo que hace unos días, presenté una Iniciativa que propone sancionar a toda persona que difunda ideas o propaganda basada en la superioridad o en el odio racial; lleve a cabo actos de violencia o incite a cometerlos; y asista, promueva o patrocine actividades racistas, incluida su financiación.

El Comité de la ONU ha hecho diversos señalamientos sobre la necesidad de respetar la consulta previa, libre e informada que debe llevarse a cabo con las comunidades y pueblos indígenas en la construcción de megaproyectos como lo son: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y la Termoeléctrica de Huexca. Estoy absolutamente de acuerdo, el gobierno federal y los gobiernos estatales deben acatar lo establecido en el convenio 169 de la OIT, ya que ha sido ratificado por el Estado Mexicano y por lo tanto, es obligatorio para nuestro país.

Kenia López Rabadán*

*Senadora presidenta de la comisión de Derechos Humanos