Transición y crisis de seguridad
La alternancia en Sonora y pasar de un partido hegemónico a un partido en el poder en pocos años de existencia trajo diferencias abismales en la relación entre fuerzas del orden y grupos criminales.
#Dobleces
Por: Israel Mendoza Pérez
@imendozape
La fortaleza de las gubernaturas ganadas por Morena en la arena electoral se debilita por la falta de un proyecto sólido en materia de seguridad. El caso del gobierno de Alfonso Durazo, en Sonora, es el ejemplo más claro de que alternancia en el poder no es lo mismo que revertir los dominios del crimen organizado.
Si bien el proceso democrático se llevó tersa gracias a la complicidad política de la exgobernadora Claudia Pavlovich, la fragmentación del poder político y la polarización social generada desde el partido en el poder se vuelven campo fértil para que los grupos del crimen organizado encuentren puntos débiles de las futuras administraciones y mantenga su poderío o se pueda extender.
Hay una franja en los procesos de transición en la que se acomodan los grupos delincuenciales. Ello les da espacio de acción y operaciones. Así comienza la filtración, de los grupos criminales, en las estructuras de gobierno.
Desde el primer proceso de alternancia en el país en 1989, en Baja California, con el panista Ernesto Ruffo Appel, se abrió la brecha de complicidades entre gobierno y crimen organizado. Esto provocó un reacomodo y la búsqueda de otros territorios desde donde dominar las operaciones hasta la filtración en corporaciones policiacas.
El error cometido por las nuevas autoridades es que se transita por una democracia, pero no un trabajo de administración pública de fondo ni de limpia en los cuerpos policiacos. Así que sin reformar el sector de la seguridad —por medio de la democratización del Ejército y la policía o con procesos de justicia tradicional que expongan y castiguen a los actores represivos—, la dinámica de la competencia electoral y el cambio político introduce un alto grado de incertidumbre benéfica para la criminalidad, socava la paz y abre la puerta a estallidos de violencia.
La militarización de las calles es un paliativo en la percepción de seguridad frente a la ciudadanía, sin embargo, el fondo es más profundo. Sonora se encuentra en una situación de crisis de seguridad y de violencia criminal creciente. Por ambición política del grupo de Alfonso Durazo y del partido en el poder se transitó de un régimen monolítico a la democracia sin establecer las bases de un Estado de Derecho democrático, por ello se entiende el pago diplomático a Pavlovich.
El ejemplo claro de la atomización de la seguridad fue notorio en Sonora ya que comenzó la guerra cuando llegó el partido en el poder y conquistó una de las gubernaturas que fue por muchos años, uno de los bastiones priistas por excelencia. Conquistó la gubernatura y nombraron a nuevo personal en las procuradurías y policías locales, lo cual puso en riesgo las redes de protección.
La alternancia en Sonora y pasar de un partido hegemónico a un partido en el poder en pocos años de existencia trajo diferencias abismales en la relación entre fuerzas del orden y grupos criminales. Por experiencias previas los gobiernos de izquierda tienen políticas laxas y pocas oportunidades para que los cárteles compitan por territorio usando la fuerza.
