Tienen clara la estrategia
Pero conforme pasan los días, nos damos cuenta que, lamentablemente, el discurso oficial ha sido solamente el de justificar las decisiones tomadas desde el inicio de la pandemia, repartir culpas y administrar políticamente la grave crisis derivada de ésta.
Juan Carlos Zepeda
A casi 60 mil fallecimientos oficiales por Covid-19 en nuestro país (cumpliéndose así “el escenario catastrófico” planteado por el subsecretario Hugo López-Gatell en junio), nada nos gustaría más como sociedad que saber que el Gobierno y su equipo de especialistas en salud y economía tienen muy clara la estrategia de contención y manejo de los contagios, y las medidas más efectivas para la reactivación económica. Pero conforme pasan los días, nos damos cuenta que, lamentablemente, el discurso oficial ha sido solamente el de justificar las decisiones tomadas desde el inicio de la pandemia, repartir culpas y administrar políticamente la grave crisis derivada de ésta.
Pero la estrategia que sí tienen muy clara y definida en este Gobierno es la electoral. Están controlando la narrativa: una muestra es el repentino cambio de la indolencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante las víctimas del Covid-19, primero con un minuto de silencio en Palacio Nacional y luego decretando un mes de luto nacional. Evidentemente reconocen ahora que el saldo de víctimas mortales será alto, mucho más alto de lo estimado en sus escenarios iniciales, y que el Primer Mandatario no puede seguir ignorándolo, ya que miles de familias cada día reciben sus mensajes de “vamos muy bien” como una afrenta ante la pérdida de un ser querido.
Otro de los pasos que han dado es endosar la crisis y sus consecuencias a los gobernadores, llegando al extremo de la confrontación directa que hemos visto en últimas semanas. Pero una de las tácticas principales que sigue avanzando es la etiquetar la elección del 2021. Quien primero le ponga “nombre” o “causa” al voto va a salir ganando. Recordemos que la quisieron empatar con el proceso de revocación de Mandato, con el fin de que el Presidente arrastrara el voto hacia los candidatos de Morena y afines como en el 2018.
Al no lograrlo, ahora surge la propuesta de una consulta pública para preguntarle al pueblo si está de acuerdo “que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de 1988 a 2018”. No, no es un chiste. De entrada, no se puede entender por qué necesitaríamos una votación para aplicar la Ley. ¿Legalmente se puede llevar a cabo una consulta cuyo resultado pueda ser no aplicar a Ley o ir en contra de la salud de la gente? ¿Qué tal si votamos qué hacemos con el uso del cubrebocas?
Si las instancias administrativas o judiciales han encontrado irregularidades o ilícitos de expresidentes, pues que sean procesados. No hay duda de eso y no creo que alguien defienda lo contrario.
Pero el objetivo en estos casos es muy claro, y no es la atención de una crisis sanitaria o la búsqueda de la justicia, es el manejo político de la percepción para recordarle al elector por qué votar el año que entra: ¿“por la corrupción del priismo peñista”, por la “guerra de Calderón” o por el Gobierno que enarbola la bandera de “primero los pobres”?
* Maestro en Historia del Pensamiento.
Socio Director de FWD Consultores.
