Subordinación de la CNDH
La exclusión sólo por llevar una línea de discurso dictada desde el Gobierno Federal marca un retroceso histórico más que un proyecto moderno, pues este modelo de procuraduría fue uno de los primeros pasos del poder judicial Federal y eso es un antecedente más viejo que el ahora partido en el poder.
Dobleces |
La pretensión de Rosario Piedra Ibarra por cambiar el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la jugosa cereza para adornar su empoderamiento al interior de la institución. Después de la curva de aprendizaje de seis meses en el cargo, la ombudsman lanza su propuesta con la que resquebraja la autonomía del organismo. Desde aplicar la “austeridad” en la estructura operativa de la comisión; así como extender el término de “defensoría de los pobres” ratifica la subordinación total al proyecto de la cuatroté.
Además de abonar al maniqueismo político dictado desde Morena. La exclusión de otros sectores sociales es la nueva promoción de Rosario Piedra. Además de mostrar que para la 4-T es más fácil crear o refundar instituciones para apoyar la pobreza en lugar de impulsar el desarrollo económico y salir de esa lastimosa situación social. Incluso, esta propuesta nace en un momento en el que se quiere utilizar a una institución que en el rankin 2019 de confianza en las instituciones se ubica en el número 8 de 18 peldaños, es decir en la categoría de confianza media. En la medición de calificación ronda en el 6.6, de acuerdo con datos de Mitofsky.
Para celebrar los 30 años de existencia de la comisión, Piedra Ibarra evocó la llamada “procuraduría de los pobres”, promovida por Ponciano Arriaga como diputado local de San Luis Potosí en 1847. Y en su espíritu como activista pretende “lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas”.
Su error técnico-jurídico es que la activista de la organización ¡Eureka! propone que la comisión se convierta en un poder judicial paralelo, con ello, en primer punto, se quiebra el orden constitucional. En segundo punto es que la mayor pifia es sepultar la imparcialidad que requiere el organismo en estos tiempos.
Y es que de hacer vinculantes las resoluciones de la “defensoría”, al convertirse en una instancia jurisdiccional tendría que ser dirigida por abogados. Y ella no es licenciada en derecho. Incluso su propuesta implica un procedimiento formal, rígido y burocrático, cambiar su sistema probatorio y la posibilidad de recurrirlas ante el Poder Judicial, la obliga a perder su esencia de defensoría.
Al darle el sesgo del discurso de la pobreza se abona a la lucha de clases. Se estigmatiza desde una visión de los derechos humanos errónea a empresarios, industriales, banqueros. Ellos no merecen ser representados por el organismo.
La senadora Kenia López Rabadán acusa que la institución se encuentra subordinada ante la cercanía de Piedra Ibarra con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la propuesta de la ombudsperson de cambiar el nombre de CNDH por una defensoría de los pobres, “es muestra de ignorancia y falta de sentido común”, si se toma en cuenta que los derechos humanos son universales e inherentes a todo ser humano. Su protección va más allá del nivel económico de las personas”.
La exclusión sólo por llevar una línea de discurso dictada desde el Gobierno Federal marca un retroceso histórico más que un proyecto moderno, pues este modelo de procuraduría fue uno de los primeros pasos del poder judicial Federal y eso es un antecedente más viejo que el ahora partido en el poder.
Por: Israel Mendoza Pérez
@imendozape
