Los sótanos de Ulises Ruiz
Las recientes detenciones deben esclarecer el caso, aunque para falta que se cumpla en su totalidad con lo establecido en el amparo y la decisión abone para que la resolución de la corte vaya más allá y ordene la investigación de los efectivos acstrenses y la búsqueda de los activistas en los campos militares.
#Dobleces
(Segunda y última parte)
Pedro Herández, Subdirector de la Policía Ministerial y encargado del grupo llamado FEPAR (Fuerza de Reacción Inmediata), recibió órdenes directas de parte de Evencio Nicolás Martínez Ramírez quien ese tiempo era procurador y encargado de aplicar la política de mano dura
De continuar el silencio cómplice del priista Ulises Ruiz en el caso de los eperristas desaparecidos desde hace 13 años, la relación con el PRI se distorsionará y la oposición aprovechará su fragilidad ya que si admite desconocer las entrañas de la detención-desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por parte de su procurador y los excesos de sus subalternos significa que fue un gobernador rebasado y débil para llevar las riendas del estado.
El comandante Pedro Herández, Subdirector de la Policía Ministerial y encargado del grupo llamado FEPAR (Fuerza de Reacción Inmediata), recibió órdenes directas de parte de Evencio Nicolás Martínez Ramírez quien ese tiempo era procurador y encargado de aplicar la política de mano dura contra los “luchadores sociales”.
De a cuerdo con las versiones de varios testigos oculares, a los detenidos los escoltaron cuatro policías al edificio ubicado en avenida Experimental, San Antonio de la cal, Oaxaca y los llevaron al sótano del inmueble, el cual era de uso exclusivo del FEPAR, la función de este grupo consistía en llevar a cabo acciones conjuntas con el Ejército Mexicano en la sierra para el abatimiento de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Al detener a los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el comandante Pedro Hernández discutió con el comandante Gutiérrez Corro quien argumentó que no recibiría a los detenidos en virtud que estaban muy golpeados y no tenía justificación para ingresarlos, incluso Corro ordenó que se pidiera al médico de guardia que acudiera a los separos a certificar a los detenidos. Así la línea de mando y política de mano dura se cumplió por órdenes del procurador y supuesto conocimiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
El personaje central en la detención-tortura y desaparición fue el comandante Pedro Hernández ya que recibió órdenes directas de Evencio Nicolás Martínez Ramírez recientemente detenido y a quien se le considera una pieza fundamental en el caso.
La información contradictoria y las versiones al interior de la procuraduría señalan que una doctora de nombre María Elena Rojas Ramírez certificó que los detenidos estaban con vida pero desconocían su paradero por la serie de huellas borradas por parte de Evencio Nicolás.
De acuerdo con el libro oficial de las novedades de la procuraduría el 26 de mayo de 2007 se anotó un incidente en el que se señaló que el motivo del arribo a las instalaciones del comandante Pedro era para ingresar en calidad de “económicos” a las personas de nombre Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Sin embargo, sus acciones se extralimitaron. El resultado fue una doble desaparición y tortura.
En la desaparición forzada participaron mandos locales, y que ahora tienen que investigar y sancionar a todos los altos mandos involucrados en la desaparición, tanto los autores materiales como intelectuales y desde luego al ex mandatario Ulises Ruiz así como a los mandos militares que estuvieron en funciones en esos momentos.
Las recientes detenciones deben esclarecer el caso, aunque para falta que se cumpla en su totalidad con lo establecido en el amparo y la decisión abone para que la resolución de la corte vaya más allá y ordene la investigación de los efectivos acstrenses y la búsqueda de los activistas en los campos militares.♦
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