Los caprichos de la demagogia
Nuevamente al Presidente de la República, se le olvida que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados.
Por: Kenia López Rabadán*
Una de las primeras acciones fuera del marco legal que realizó el entonces candidato electo a la Presidencia en octubre de 2018, fue la realización de la consulta ciudadana para la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Lo anterior, a inicios del año pasado, trajo consecuencias negativas para las empresas que habían invertido en dicho proyecto, disminuyendo los flujos de inversión extranjera, pérdidas de empleo y debilitamiento de la economía mexicana.
A no más de un año de aquella desafortunada decisión, el Presidente de la República anunció que se realizaría una nueva consulta pública para la construcción de la planta cervecera que, desde 2016, estaba realizando Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Una empresa cervecera que produce y comercializa los productos de Grupo Modelo a Estados Unidos.
La gran problemática respecto a la construcción de esta planta, es que una parte de la población del Valle de Mexicali, argumentaba que habría desabasto de agua en la zona. Derivado de ello, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguraron que de acuerdo con estudios realizados, el suministro del vital líquido no se vería afectado por la construcción de la planta, toda vez que contarían con un sistema de balance cero de consumo hídrico. Sin embargo, el titular del ejecutivo federal, señaló que la consulta iba a realizarse el 22 y 23 de marzo, estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación y su resultado, sería vinculante.
Nuevamente al Presidente de la República, se le olvida que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Por ejemplo, nuestra Constitución Política, señala en su artículo 35 constitucional, que en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, el facultado para la organización difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados es el Instituto Nacional Electoral y deberán realizarse el primer domingo de agosto. Pero en el caso de esta administración, ha sido la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, la responsable de instalar 27 mesas de consulta en Mexicali (17 en la zona del Valle y 10 en la zona urbana de la ciudad).
La participación es aún más cuestionable, ya que el mismo artículo constitucional menciona que cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, el resultado será vinculante para las autoridades competentes. Desafortunadamente, en esta consulta, solamente participó el 1.3% del listado nominal de Baja California (36,781 personas de 2,816,510 inscritos en el listado nominal).
Este tipo de decisiones arbitrarias y demagógicas que afectan las finanzas públicas de nuestro país, son absolutamente reprochables en un momento de crisis económica internacional. Hoy tenemos una pandemia que no está siendo atendida de manera eficiente por las autoridades mexicanas, y si sumamos la cancelación de un proyecto de tenía una inversión de 1,400 millones de dólares, no genera ninguna certeza para que inversionistas nacionales y extranjeros volteen a ver a nuestro país en un futuro próximo.
*Senadora, presidenta de la comisión de derechos humanos
