El estado de derecho y la seguridad jurídica sacrificada

Por: Kenia López Rabadán*

El viernes 15 de mayo, la Secretaría de Energía emitió un acuerdo sobre la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, acuerdo que a todas luces no es ni confiable, ni seguro, ni continuo.

Una vez más, mientras el mundo apuesta por las energías limpias y una red eléctrica más segura, en nuestro país se insiste en retroceder en el tiempo y apostar por las energías fósiles como el carbón o el petróleo, que además son altamente contaminantes.

Lo anterior, ya que dentro de las medidas anunciadas, se encuentra la imposición de restricciones a las empresas que generan energías renovables, limitando la emisión de permisos para plantas eólicas o solares y prohibiendo la construcción de proyectos sustentables. Con esto, no sólo se generaría un retroceso en la generación de energías limpias -que son amigables para el ambiente-, sino que se pagará más por un suministro deficiente.

Sin duda, existe preocupación en el riesgo de pérdidas de empleos y de inversiones por falta de confianza. Lo anterior, ya que países como Canadá habían invertido 450 millones de dólares en nuestro país. De igual forma, los 44 proyectos eólicos y solares que estaban programados en 18 entidades federativas y con una inversión de aproximadamente 6,400 millones de dólares, quedarán cancelados con la publicación de dicho acuerdo, por lo que de nuevo, esta Cuarta Transformación, golpea duramente a las familias mexicanas que desafortunadamente se quedarán sin una fuente de ingreso.

Por ello, el sector privado anunció que interpondrá diversos recursos tanto a nivel nacional como internacional, ya que las autoridades mexicanas están violentando acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, atentando contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica, dañando así, el Estado de derecho en contra del sector energético que hoy, es una de las fuentes principales de desarrollo de nuestro país.

*Nuevamente, la política lopezobradorista de cerrar la generación y comercialización de energías a la inversión privada, no brinda certeza al interior, pero sobre todo, al exterior para promover una inversión productiva, ocasionando que los organismos empresariales recurran al arbitraje internacional para resolver esta ilegalidad y condenando a los mexicanos a pagar por sus irresponsabilidades.*

Desafortunadamente, no es el primer intento del gobierno de López Obrador por frenar los avances en las energías limpias. El pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía, encargado de transportar la energía eléctrica por todo el país, publicó un acuerdo para frenar las pruebas preoperacionales de las centrales eólicas y solares con el pretexto de tener problemas de intermitencia y fallas en el consumo eléctrico por la crisis sanitaria.

Tal parece que esta pandemia sí les quedó “como anillo al dedo” para frenar el desarrollo económico del país, apostando por empresas obsoletas y con deudas millonarias. Un retroceso más en este gobierno que está obsesionado por regresar a la década de los sesentas.

*Senadora. Presidenta de la comisión de Derechos Humanos