Boquete de seguridad en La Boquilla
Además de 50 cuentas bancarias de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, cuyos directivos participan en las acciones para evitar la extracción de agua de la presa.
Dobleces |
Israel Mendoza Pérez
@imendozape
El conflicto en la presa La Boquilla, en Chihuahua, que estalló el domingo 6, en la que no sólo hay dos fallecidos sino pérdidas económicas que ascienden a 100 millones de pesos exhibe la crisis de seguridad nacional para la protección de infraestructuras críticas.
Mientras se busca a los autores intelectuales de la movilización y posterior enfrentamiento entre agricultores con integrantes de la Guardia Nacional, el gobierno de la cuatroté perdió de vista lo básico en esta crisis por el agua: el modelo de vigilancia de las instalaciones a través de instituciones como la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina, de la Defensa ya caducó.
Aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con apoyo de la Alianza Federalista entra en una fase de tensión política extra, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vulnerabilidad de las instalaciones queda expuesta. Los daños al cuarto de control, a pantallas y dispositivos para la automatización de la operación de las cuatro unidades generadoras; así como las averías en los cuatro reguladores automáticos de tensión de la central hidroeléctrica, y a los tableros de arranque y paro local de la unidad número dos es preocupante. En lo que se debe avanzar es en homologar los criterios de seguridad en instalaciones fundamentales para el Estado Mexicano. Ya que hay sistemas obsoletos que facilitan la vulnerabilidad en casos de un ataque ya sea por grupos radicales o robos como fue hace un año en una sucursal de Casa de Moneda.
“El país está en riesgo de sufrir un gran daño de seguridad nacional y frenar su desarrollo económico”, alerta José Luis Calderón, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.
En su opinión urge replantear la estrategia para la protección de infraestructuras críticas, como son las presas, fuentes de abastecimiento de agua, plantas eléctricas, plataformas petroleras, refinerías, vías férreas, aeropuertos, el sistema financiero, entre otras.
Así que lo que se necesita es una ley para la protección de este tipo de infraestructuras que resultan esenciales para el funcionamiento de una nación. “Una legislación actualizada que determine los parámetros, estrategias y políticas para la prevención, protección y resiliencia de todas estas instalaciones que pueden ser públicas o privadas”, añade.
Aún y con la advertencia en el tema de seguridad, el pleito político escaló en el momento en que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador José Reyes Baeza, Salvador Alcántar y Eliseo Compeán, alcalde de Delicias. Además de 50 cuentas bancarias de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, cuyos directivos participan en las acciones para evitar la extracción de agua de la presa.
La presencia de la Guardia Nacional en la región complicó la situación de meses atrás, el estallido social sobre una instalación estratégica sólo es la segunda llamada de atención a las autoridades, pues sin un plan estratégico moderno y sin una certificación para los estrategas en seguridad física se abre la puerta para que ya sea un grupo radical o el descontento vuelva a poner en riesgo los bienes públicos.
