Apodaca y la CNDH

Dobleces

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Detrás del motín ocurrido en el penal de Apodaca, Nuevo León, a inicios de mes, hay una serie de intereses mezclados entre el poder económico de grupos delincuenciales dentro de la prisión y los movimientos turbios dentro de la Tercera Visitaduría, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Hilda Téllez Lino.

La funcionaria no sólo conoce los caminos torcidos de esa prisión. También tuvo, en su momento, una cercanía turbia con uno de los personajes más oscuros en el manejo de prisiones del estado de Nuevo León como fue Eduardo Guerrero Durán, de 2018 a 2021, quien fue asesor en el último intento del Gobierno de Jaime Rodríguez para tratar de solucionar la ingobernabilidad en los penales del estado.

En esta historia de poder político y económico de la cárcel de Apodaca, tienen que ver Hilda Téllez y Montserrat Rizo, quienes fueron deslumbradas, por la supuesta reingeniería hecha por Guerrero Durán en los penales y ellas dejaron de lado denuncias y la realidad misma de esos establecimientos.

Y es que su pasado siempre la alcanza. Las supervisiones penitenciarias realizadas por el área dirigida por Téllez Lino, desde el 2011 señalaron la presencia de grupos generadores de violencia en la prisión de Apodaca, lo curioso es que el único año donde no se manifiesta esa lógica es 2020 (DNSP 2020), mismo en el que Téllez y Rizo efectuaron la revisión de esa cárcel en diferentes momentos, acompañadas de funcionarios menores —en aquel año— ninguno de ellos visitador adjunto —los cuales son los únicos junto con la visitadora general— en este caso Téllez, que cuentan con fe pública, para dar constancia de lo encontrado. Este último dato es relevante, ya que quien dio fe de lo observado en Apodaca fue Hilda Téllez.

En el caso de Apodaca, Téllez y su equipo se deslumbraron por la influencia y poder de Eduardo Guerrero dentro del gobierno y dejaron pasar la realidad de una prisión que históricamente ha sido controladas por mafias, y que en 2020 no era la excepción.

Ahora, los resultados están a la vista con el reciente motín en el que resultaron heridos 56 reos, la CNDH dejó de ser confiable en el diagnóstico de prisiones debido a que Hilda Téllez Lino trabaja en favor de un grupo político y no del interés público.

Lo de Apodaca no es hecho aislado y no será el único caso, ya que se irá viendo con el paso del tiempo, conforme se acerque la sucesión de la presidencia de la CNDH, que las evaluaciones penitenciarias tendrán inclinaciones a favor o en contra, mucho de esto dependerá de los apoyos o enemistades que se pueda granjear Hilda Téllez y su equipo con distintos gobiernos estatales, sin importar la realidad de un centro penitenciario. Ahora, le tocó al gobierno de Samuel García tener un conflicto en prisiones.

Lo que viene es el uso de evaluaciones de prisiones como moneda de cambios para recibir apoyos políticos en lo que necesite Téllez Lino y su grupo político del cual es cabeza visible el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.