Zonas Económicas Especiales dejarán de existir

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), creadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, dejan de existir a partir de este miércoles porque el gobierno no ha invertido en ellas, justificó la actual presidencia de la República en el decreto que abroga estos polígonos.

Las ZEE se crearon para impulsar el crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza, y ampliar las oportunidades laborales y de negocios en estados y municipios que históricamente han mostrado un atraso importante en su desarrollo, en comparación con el resto del país. Con estas áreas el Estado mexicano pretendía cerrar las brechas de desigualdad regional, creando nuevos polos industriales en las entidades con mayores rezagos.

Se trataba de una política de fomento económico que no fue inventada en México, sino en países europeos que la aplicaron desde la postguerra del siglo XX, probando su efectividad en amplias zonas de Francia, Alemania o España, por mencionar solo algunas naciones que tuvieron éxito con medidas similares a las que hoy dejan de existir en México, por la entrada en vigor del decreto que abroga las ZEE.

Las Zonas Económicas Especiales delimitaron geográficamente varias áreas del sur y sureste mexicano, para ofrecer un entorno de negocios distinto al que se observa en las entidades del centro, norte y occidente. Las ZEE incluyeron beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil y diversos programas de apoyo. Es decir, estas áreas no eran una política asistencialista, y lo más importante en ellas no era la inversión pública, sino los incentivos para la iniciativa privada.

Las ZEE se ubicaron en Puerto Chiapas, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Lázaro Cárdenas, Michoacán y La Unión, Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Seybaplaya, Campeche; Dos Bocas, Tabasco, y Progreso, Yucatán. En estas entidades se buscaba generar empleos bien pagados, fomentar las exportaciones, aumentar la productividad, atraer inversión nacional y extranjera, y generar cadenas de valor locales, a fin de incrementar el bienestar de la población.

De hecho, las empresas sí se vieron beneficiadas con un régimen fiscal diferenciado, por ejemplo, los consorcios podían disminuir hasta el 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en los primeros 10 ejercicios fiscales, si sus ingresos se generaban dentro de las ZEE. De igual forma, para los actos de enajenación (compraventa) y arrendamiento de bienes se podía aplicar una tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado.

Nula operación gubernamental

No obstante lo anterior, de acuerdo con el decreto que abroga las ZEE, publicado el martes en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), estas áreas “no han podido operar”, porque no se otorgaron los permisos para la creación de las administraciones integrales de las zonas.

“Es de resaltar que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las Zonas (sic)”, apunta el documento publicado en el DOF, que entra en vigor este miércoles.

A pesar de que era necesario cumplir con ese requisito normativo, añade el decreto de abrogación, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales “no ha otorgado autorización alguna para fungir como inversionista” dentro de esas áreas. Además, en los estados y municipios que integraban esas zonas “no se han reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo” de las mismas.

Con este argumento, centrado en la inversión que debía hacer el gobierno, y no en la política general de incentivos para las empresas, la actual administración decide acabar con estas zonas para “reorientar el modelo de desarrollo, redimensionar y relocalizar las prioridades de la inversión pública”.

La reorientación a la que se hace referencia se ubica en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, documento que “incluye proyectos regionales fundamentales como: el Tren Maya, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y el Programa Zona Libre de la Frontera Norte, con los cuales se pretende, entre otros supuestos, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible; crear zonas libres para atraer inversiones del sector privado y propiciar el ordenamiento territorial de la región”, explica el decreto.

Endeble motivación oficial

Por mandato constitucional, todos los actos gubernamentales deben estar fundados y motivados, esto quiere decir que deben argumentarse con un motivo específico y con base en la legislación que faculta a la misma autoridad. En el caso de la abrogación de las ZEE, la administración de Andrés Manuel López Obrador motiva su desaparición a partir de que en esas áreas no hubo inversión pública, lo que evidentemente es una endeble motivación, pues el objetivo principal de esas zonas no eran los recursos del gobierno, sino el fomento de la inversión privada.

El crecimiento y desarrollo económico no se registran a partir de lo que invierte el gobierno, si bien los recursos públicos son importantes, está probado que en México (y en el mundo occidental) los mayores niveles de bienestar se registran en aquellas zonas en donde existe una vigorosa actividad empresarial.

A su vez, este decreto no solo es débil en su motivación, sino también en su fundamentación legal, pues remite al Plan Nacional de Desarrollo (PND) como parte de la justificación para acabar con las ZEE. No debemos olvidar que el PND de la actual administración fue presentado sin cumplir con las mínimas características que ordenan los artículos 16 y 26 de la Constitución.

A la visión asistencialista que permea a las políticas públicas del gobierno de López Obrador se añade la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, y justo en las Zonas Económicas Especiales el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había aplicado medidas que permitían una menor recaudación, en beneficio de los inversionistas.

Precisamente ese era el objetivo más importante de estas áreas: Aplicar una política fiscal diferenciada para que, al pagar menos impuestos, a las empresas les resultara más atractivo invertir y crear empleos en los estados y municipios que integraban las Zonas Económicas Especiales.