Denuncia senadora del PT que en pandemia la CFE suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago
Cora Cecilia Pinedo aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave en México, pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales.
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso considera que los servicios públicos como el agua potable, energía eléctrica, alumbrado y alcantarillado deban ser proporcionados de manera regular y continua sin interrupciones, a pesar de la falta de pago.
En el caso concreto del suministro eléctrico, la legisladora por el Partido del Trabajo propuso establecer como derecho humano ese servicio, al modificar el Artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica y el Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con este cambio se busca obligar al Estado a mejorar el acceso a este recurso que debe ser regulado por un régimen especial de derecho público y con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos, además de establecer mínimos vitales gratuitos.
Sin embargo, lamentó que en el contexto actual de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.
En abril, la medida afectó a 329 mil 668 usuarios domésticos y en mayo a 362 mil 986, un incremento de 10% según datos proporcionados por la empresa. Si bien se trata de cifras menores a las de los dos meses previos al inicio del confinamiento, los cortes se dan cuando una gran parte de la población está trabajando desde casa y otra ha perdido su empleo, acusó la legisladora.
“Estos servicios se tratan de las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes de nuestro país; por ello, resulta imprescindible que el Estado cumpla un rol activo de manera de garantizar el acceso universal a estos recursos, aun cuando su prestación se encuentre delegada en manos de empresas privadas”, apuntó la senadora nayarita.
Pinedo Alonso destacó que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 65/151, reseñó que el Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.
“La energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, en México 35 mil hogares no gozan de energía. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, estos son los hogares con las condiciones más extremas de pobreza energética”, mencionó.
Cora Cecilia Pinedo aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave en México, pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales; por lo que resulta fundamental establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.
