Sylvana Beltrones solicita no reducir presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
La senadora priísta Sylvana Beltrones Sánchez se sumó al Punto de Acuerdo que legisladores del “bloque de contención”, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, en la que solicitan al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, no se aplique la reducción presupuestal a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Los senadores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano también suscribieron una carta al funcionario federal, en la que señalan que la protección de los derechos humanos de las víctimas es prioritaria en todo momento, más aún en medio de la pandemia por la que atraviesa nuestro país.
Señalan que, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se dispone la aplicación de distintas medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica y sanitaria por el Covid-19, una de las instancias gubernamentales afectadas sería la CEAV, institución que por mandato legal es la encargada de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Lo anterior, asegura Sylvana Beltrones, pondría en riesgo servicios vitales de atención a víctimas como lo son: la asesoría jurídica federal, que da acompañamiento a través de abogados y peritos a las víctimas de violaciones a derechos humanos; la operación del Registro Nacional de Víctimas; la implementación de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral; así como la atención psicológica, social, jurídica y médica que brindan los 32 Centros de Atención Integral con los que cuenta, entre otras serias implicaciones.
Adicionalmente advierten que se dejará sin trabajo al 60% del personal de la CEAV, ya que se encuentran empleados bajo la figura de subcontratación y eventualidad, por lo que sus salarios dependen de las partidas señaladas.
Por lo anterior, las y los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República solicitan, mediante un Punto de Acuerdo, que no se aplique el recorte presupuestal de 75% a la CEAV, permitiendo así garantizar los servicios de atención a víctimas que por mandato legal se tiene que proveer.
