Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dio su respaldo a Ley de Amnistía

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dio su respaldo a una Ley de Amnistía, pero acotada, para evitar que se convierta en una herramienta para liberar y empoderar a criminales.

El mandatario estatal, declaró que el gobierno no puede renunciar al monopolio del uso de la fuerza contra los delincuentes, porque el riesgo es que el Estado no tenga sentido y los ciudadanos quedarían a merced de las acciones de individuos que sólo buscan el beneficio y el provecho personal.
Reiteró que no coincide con el diálogo que sostiene esta administración con grupos de autodefensas.
“El punto de partida debe ser cero tolerancia. (…) No se puede permitir que estos grupos sigan humillando y ultrajando a nuestras Fuerzas Armadas porque yo entiendo que hay que ser prudentes, pero esto tiene límites. Si no paramos la impunidad, el Estado se nos va de las manos”.
Declaró que es bien recibido un marco legal que revise aquellos casos de quienes fueron encarcelados por sus posturas políticas, por defender sus ideas o, porque se violó el debido proceso. Pero, esto no se puede confundir con una Ley de Amnistía que saque de la cárcel a criminales.
“Pero, que no confundan eso con darle amnistía a criminales, porque entonces regresamos a lo mismo. ¿Vamos a hacer una ley para excarcelar a La Tuta o vamos a hacer una ley para que regresen al Chapo Guzmán, para que le perdonen los delitos acá? ¿Le vamos a perdonar a cuantas atrocidades se han cometido y que están en la cárcel? Pero, yo no coincido, porque entonces dejamos al desamparo a los ciudadanos cuyo único instrumento de defensa es la ley y sí vamos a hacer una ley para defender a los que dañan a los ciudadanos es altamente riesgoso”.
Entrevistado en el Senado después participar en la Plenaria Legislativa del PRD, Silvano Aureoles refirió que esta administración habla de pacificar al país, pero esto ocurre cuando hay una guerra declarada y, lo que hay en el país son grupos delincuenciales por falta de acción del Estado, por falta de aplicación de la ley y por descuido y omisión del gobierno.