SFP defenderá la legalidad de la resolución contra la empresa Nexos
Mediante un comunicado, la Función Pública reiteró que en todos los casos, en estricto apego a sus obligaciones y atribuciones, actúa de forma imparcial y objetiva con la consigna de “nada ni nadie por encima de la ley”.
Luego de que la Sala Décimo Tercera del Tribunal Federal de Justicia Administrativa otorgo una suspensión provisional a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), defenderá ante los tribunales las sanciones impuestas a dicha empresa por haber presentado información falsa en una adjudicación directa en 2018.
La SFP, precisó que la suspensión provisional, concedida a la empresa se resolverá definitivamente en el juicio de nulidad, por lo que es sólo una medida cautelar que no determina la legalidad de la resolución.
Dentro de las acciones de defensa, el OIC en el IMSS expondrá la necesidad de cumplir con la jurisprudencia que establece que debe negarse la suspensión a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En agosto pasado, el OIC en el IMSS resolvió sancionar a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos, al acreditarse que presentó información falsa para obtener un contrato público, lo que violentó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Función Pública señaló que está comprometida con la misión de terminar con las prácticas que en contrataciones públicas anteponían los intereses privados sobre el interés general.
Desde septiembre de 2019, ha recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción, y en las últimas semanas aplicó multas por más de 21 millones de pesos a proveedores que incurrieron en falsear información, en incumplimientos y en defraudaciones.
Mediante un comunicado, la Función Pública reiteró que en todos los casos, en estricto apego a sus obligaciones y atribuciones, actúa de forma imparcial y objetiva con la consigna de “nada ni nadie por encima de la ley”.
