Senadora Claudia Anaya propone régimen concursal de emergencia para proteger a comerciantes
Esto en apoyo a comerciantes que enfrentan la dificultad de realizar el pago de sus obligaciones y la posibilidad de conservar empleos y sus empresas.
Adicionar a la Ley de Concursos Mercantiles un Régimen Concursal de Emergencia en apoyo a los comerciantes que enfrentan la dificultad de realizar el pago de sus obligaciones y la posibilidad de conservar empleos y sus empresas, en medio de la crisis financiera, propuso la senadora priísta Claudia Edith Anaya Mota.
En su iniciativa la senadora zacatecana señala que actualmente hay industrias y sectores de la economía que llevan semanas prácticamente paralizados y con profundas afectaciones financieras y que, en los meses por venir más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas enfrentarán serias dificultades financieras.
Asegura que la situación que se vivirá requiere que todos los problemas económicos sean resueltos en beneficio de los deudores y de los acreedores; por ello, a través de su iniciativa se propone contar con un mecanismo prioritario que permita atender con prontitud la situación a través de un Régimen Concursal de Emergencia incluida en la Ley de Concursos Mercantiles.
En su exposición de motivos la legisladora del PRI señala que el comerciante que pida protección concursal deberá formular una solicitud en el que declare que se encuentra en alguna de las situaciones que la ley estima como detonadoras del procedimiento concursal.
Para que el procedimiento sea ágil, añade, el solicitante no tendrá que probar que se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, solo deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. El juez deberá atender de inmediato la solicitud y emitirá en forma automática, la declaración de estado de concurso mercantil.
“Dejar que transcurran los tiempos sin dar una rápida solución, solamente deteriorará el valor del patrimonio de deudores y acreedores por igual y, por ende, de la comunidad y de la economía del país”, sostiene en su exposición de motivos.
La ley tiene el objetivo que las empresas, tanto las que deben, como a las que les deben, lleguen a acuerdo de partes.
“De lo que se trata es que este instrumento jurídico dé un procedimiento más ágil que otorgue certidumbre a los proveedores, a los trabajadores, a los acreedores, a todos”, puntualizó
