SEGOB adaptará “Protocolo Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia” en Zacatecas
El objetivo es garantizar la protección inmediata de este sector, víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta.
Con la intención de que se adapte y ejecute de acuerdo con el contexto local y sirva de herramienta de coordinación para proteger a la niñez y adolescencia del estado, así como garantizar sus derechos, la Secretaría de Gobernación, adaptará el “Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia”, en Zacatecas.
El objetivo es garantizar la protección inmediata de este sector, víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta, mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, entre los tres órdenes de gobierno, y apegado a estándares de derechos humanos bajo el principio del Interés Superior de la Niñez, contemplado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La SEGOB, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), explicó que dicho protocolo es una de las acciones de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes”, coordinada por la dependencia, en la que confluyen autoridades de los sistemas nacional y estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, y para la igualdad entre mujeres y hombres.
El documento aborda distintos tipos de violencia como el castigo corporal, abuso y explotación sexual, abandono, trata de personas, corrupción de menores de 18 años, así como violencias psicológicas, entre otras.
Mediante una reunión virtual, funcionarios de la SEGOB y del Estado de Zacatecas, destacaron algunos procedimientos de atención y protección como formas de detección de casos de violencia; procedimientos de recepción, registro y canalización por el servicio telefónico de emergencia 9-1-1.
Además, se subrayaron acciones de atención inmediata mediante líneas telefónicas de ayuda psicológica, policías cibernéticas, policías estatales y municipales, servicios de emergencias médicas, unidades hospitalarias, ministerios públicos, con la finalidad de restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“La adaptación del protocolo, de acuerdo con las condiciones locales de los estados, busca que los ayuntamientos y alcaldías cuenten con un programa de atención y con un área o personas servidoras públicas que fungirán como autoridad de primer contacto con niñez y adolescencia, que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes y que realizarán, principalmente, canalización a procuradurías estatales de protección de este sector de la población”.
Durante la sesión a distancia, se aclaró que, si bien el protocolo brinda pautas para la coordinación interinstitucional de las distintas autoridades en el ámbito de sus competencias para la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes ante hechos de violencia, su uso deberá estar apoyado en las herramientas que cada dependencia y entidad haya desarrollado en su interior para la atención de los casos.
“Esta herramienta articula esfuerzos interinstitucionales, sin embargo, no sustituye la obligación de cada autoridad para elaborar sus procedimientos internos dirigidos a brindar protección a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en el ámbito de sus competencias”.
