Ricardo Monreal plantea ajustes a la Constitución para solicitar una consulta popular
Luego de que juristas, constitucionalistas, pero sobre todo el ministro Luis María Aguilar consideran que es “inconstitucional” la consulta, el senador propone disminuir el porcentaje, que actualmente es del dos por ciento de la lista nominal de electores, dejándolo en uno por ciento del total de inscritos en dicha lista.
A horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida la constitucionalidad o no de la consulta ciudadana para enjuiciar ex presidentes que propuso el presidente Andrés López Obrador, el senador Ricardo Monreal propone reducir los porcentajes necesarios en los requisitos para realizar ese procedimiento e incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Luego de que juristas, constitucionalistas, pero sobre todo el ministro Luis María Aguilar consideran que es “inconstitucional” la consulta, el senador propone disminuir el porcentaje, que actualmente es del dos por ciento de la lista nominal de electores, dejándolo en uno por ciento del total de inscritos en dicha lista.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado plantea que el porcentaje necesario para que el resultado de la Consulta sea vinculatorio a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes, que actualmente es de 40 por ciento, ahora sea de 30 por ciento.
Establece que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, se realicen una vez cada año y solamente respecto de una petición de consulta, e indicó que uno de los mecanismos de participación ciudadana que durante los últimos años ha cobrado gran importancia en nuestro país, es la consulta popular.
Mientras que el presidente de la República adelantó este día que en caso de que se declare inconstitucional la consulta popular, enviará una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución para garantizar el derecho del pueblo a ser consultado, Ricardo Monreal señala que la consulta popular no solo se encuentra reconocida y contemplada en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también en nuestra Constitución federal, al igual que su procedimiento para llevarse a cabo.
Destaca que este ejercicio permite ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que la voluntad de los mexicanos, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
Asegura que, a pesar de la existencia de este mecanismo, factores como la pérdida de la confianza institucional y el desinterés, han generado que la ciudadanía se involucre menos en la toma de decisiones públicas.
Por ello considera necesario dinamizar el uso del mecanismo, precisamente atendiendo a la apatía histórica que ha diluido la influencia de las y los ciudadanos en las decisiones públicas.
