Ricardo Monreal busca garantizar el acceso ágil a la justicia digital
En su propuesta señala que la pandemia por COVID-19 ha revelado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales.
El senador Ricardo Monreal Ávila advierte que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el sistema de justicia acarrea diversos beneficios como el ahorro de recursos, la celeridad en la gestión de trámites, así como ventajas en términos de accesibilidad, transparencia, ecología, imparcialidad y seguridad.
“En el Senado de la República seguiremos legislando en beneficio de una pronta y expedita justicia, así como el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta forma el Estado de Derecho”, por ello, el legislador busca modificar el artículo 17 de la Constitución Política en materia de impartición de justicia digital.
El objetivo de su propuesta de reforma es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, además de garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de las TIC.
En su propuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado señala que la pandemia por COVID-19 ha revelado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales.
En los últimos meses, el uso de las TIC se ha vuelto esencial para el día a día, ya que su uso ha suplido con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales en tiempos de pandemia.
El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, el legislador denuncia “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.
Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, han recomendado a los Estados adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, precisa.
