PRI demanda garantizar certeza jurídica a inversionistas en el sector eléctrico
Anilú Ingram Vallines, reclamó la actitud del Gobierno federal de enturbiar el ambiente de los negocios al cambiar las reglas del juego en materia de inversión energética.
La diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, hizo un llamado al gobierno federal para que garantice certeza jurídica a las inversiones en materia de generación de energías limpias.
Tras la cancelación de un proyecto de energía eléctrica en el municipio de Tuxpan, Veracruz, con una inversión de mil 200 millones de dólares y la proyección de crear 2 mil puestos de trabajo, por parte de la compañía española Iberdrola y la empresa canadiense Transcanadá y los amparos que han interpuesto varios empresarios a los que se ha intentado cancelarles los contratos, la priista pidió a las autoridades gubernamentales rectificar y aceptar las inversiones que generan fuentes de empleo en el país.
“Es momento que rectificar el camino y aceptar que los capitales que se invierten van a generar empleo y como país, nos darán la oportunidad de incrementar el desarrollo, captar divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones”, expuso.
La priista veracruzana reclamó la actitud del Gobierno federal de enturbiar el ambiente de los negocios al cambiar las reglas del juego en materia de inversión energética.
En este sentido, solicitó a la Secretaría de Energía tome acciones inmediatas que protejan las inversiones extranjeras en la generación de energías renovables o verdes y que la dependencia federal en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, informen del impacto económico y social, a nivel local y nacional, sobre las implicaciones jurídicas de anular las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Anilú Ingram Vallines hizo un recuento de las decisiones erráticas de este gobierno que provocaron la caída de la inversión privada en 3.8 por ciento durante 2019, entre ellos la cancelación del nuevo aeropuerto internacional, cuyo costo para los mexicanos se estima en 70 mil millones de pesos y la eliminación, por una consulta pública, de la planta cervecera, Constellation Brands, en el municipio de Mexicali, con una inversión privada de mil 400 millones de dólares.
En cambio, agregó, subsiste la determinación del Gobierno de México de invertir en obras de alto costo fiscal pero con bajo impacto social, como la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” de Santa Lucía.
