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La participación de la iniciativa privada en la construcción de nuevos centros penitenciarios de Nuevo León es riesgosa, pues esos esquemas privilegian los ingresos pecuniarios sobre el bienestar de los reclusos, criticó el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, afirmó que buscan recursos para reactivar el proyecto del Penal de Mina con inversión de la iniciativa privada; sin embargo, especialistas y académicos se han pronunciado contra esa idea bajo el argumento de que se fomentará la corrupción.
“Lanzamos un exhorto al gobierno de Nuevo León para que analice profundamente las opciones que existen para reconstruir el sistema penitenciario del estado, ya que la experiencia de privatización de las cárceles en México tiene resultados dudosos y poco transparentes”, señaló.
El organismo no gubernamental consultó a la investigadora Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien señaló que hasta ahora la experiencia en ese sentido es de resultados dudosos y opacos.
“El esquema de privatización es muy costoso y lo que se privilegia es el tema económico, no los modelos de atención para los internos. Entiendo que el gobierno diga que no tiene recursos para construir un nuevo penal, pero al final termina pagando mucho más y las únicas que ganan son las empresas”, destacó la académica.
La organización acusó que en el penal de Topo Chico, donde el miércoles se reportó una gresca, existe autogobierno, cobros de piso, tortura condiciones de hacinamiento.
La muestra, subrayó, está en los 57 homicidios ocurridos este año en los tres reclusorios de Nuevo León, y en el episodio de violencia que este miércoles se registró en el penal de Topo Chico, donde unos 20 policías resultaron heridos cuando un grupo de internos se opuso a un cateo.
“La solución de todos estos problemas es responsabilidad del Estado. Estas responsabilidades no pueden depositarse en particulares bajo la lógica del mercado, es el Estado el que tiene obligaciones contundentes en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las quienes están privados de su libertad”, agregó la organización no gubernamental.
Fuente:Redacción
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