#OpiniónCapital PAN y PRI: Simuladores
Presunto lavado de dinero de una empresa privada para la compra de una nave industrial de Ricardo Anaya; el otro es el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de fondos públicos federales asignados a la Sedesol
Dos asuntos, con efectos devastadores para dos partidos políticos y sus candidatos, están hoy en el tocadero de la opinión pública.
Uno es el caso del presunto lavado de dinero de una empresa privada para la compra de una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente por México.
El otro es el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de fondos públicos federales asignados a la Sedesol y que terminaron en paraísos fiscales. Un hecho que exhibe otro capítulo más de corrupción en el actual gobierno y que golpea al candidato priista José Antonio Meade.
En el caso de Anaya, hasta el domingo su defensa era impecable. El llamado Joven Maravilla se presentó ante la PGR, exigiendo que se investigara la venta de la bodega en la que se le acusa de prestarse a una simulación para lavar 54 millones de pesos.
Con un video levantado en redes sociales, Anaya explicó a detalle la operación, argumentando que la empresa compradora, Manhattan Masterplan, le pagó con una transferencia que fue declarada ante Hacienda con el debido pago de impuestos. Hasta ahí, nada que imputar.
Pero ayer lunes por la mañana apareció un video de Javier Lozano, ahora vocero de Meade, en el que el ex panista exhibe documentos que presumen que la simulación, en efecto, sí existió.
Anaya dice que quien le compró la nave industrial fue el arquitecto Juan Carlos Reyes García. Pero el acta constitutiva de la empresa compradora, Manhattan Masterplan, el accionista mayoritario es Luis Alberto López López.
Pero con la novedad de que el susodicho es el chofer de Manuel Barreiro, a quien se le imputa la triangulación de recursos de distintos paraísos fiscales para transferir los fondos para pagar el inmueble a la empresa de Anaya. Demasiado qué explicar; el caso está en el aire.
Pero en el asunto de los más de 2 mil millones de fondos desviados de la Sedesol y la Sedatu de Rosario Robles, las investigaciones van pintando de mal en peor.
Ahora se sabe que, 600 de esos millones, fueron a parar a la Radio y Televisión Hidalguense, que a su vez los canalizó en 27 contratos de outsorcing a distintas empresas que cobraron esos cheques.
Por esas investigaciones, ahora se sabe que muchas de esas empresas son fantasmas y que quien firmó los acuerdos entre la televisora estatal y Sedesol, entregó al momento de la firma los 27 proyectos “terminados”.
La intención era que con esos papeles se cumpliera con el expediente de los llamados “entregables”. Pero todo era una simulación. Lo denunciaron ya ante las autoridades quienes intervinieron en la fabricación de algo que evidentemente era un modus operandi.
Sin embargo entre los 54 millones de pesos pagados a Anaya por Manhattan Masterplan y los 600 millones de pesos transferidos de Sedesol a Radio y Televisión Hidalguense existe una enorme diferencia.
Aún acreditando la presunción de lavado de dinero, los dineros de Anaya son fondos privados que en nada impactan en el erario público, mientras que los dineros de la Sedesol son desvíos de impuestos de todos nosotros, los contribuyentes.
No se trata de exculpar a unos e inculpar a otros. En ambos casos hay presuntos delitos que perseguir. Pero para causar el daño patrimonial a las arcas nacionales, la fachada fue la Radio y Televisión Hidalguense. Eso si está muy claro.
Ramón Alberto Garza/@ramonalberto
*Esta opinión no refleja necesariamente la de este sitio informativo
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