Giran orden contra Duarte

Durante la noche de este lunes se dio a conocer que un juez giró el fin de semana pasado una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La medida legal también incluye a varios funcionarios de la administración del priista, luego de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la compra de terrenos que hicieron empresas fantasma.

Mediante una investigación periodística se dio a conocer la manera de operar de los funcionarios veracruzanos, en la cual también participaba Duarte. Las indagaciones que se realizan, luego de la demanda que presentó la Procuraduría General de la República (PGR), es por una red de empresarios y prestanombres que desviaron alrededor de 500 millones de pesos del presupuesto de la entidad federativa.

Hasta el momento los resultados de la autoridades, incluido el Sistema de Administración Tributaria (SAT) , son que con los recursos desviados se compraron propiedades y terrenos en México y Estados Unidos.

Los representantes y administradores de las empresas fantasma, mediante las cuales el gobierno de Veracruz, encabezado por el ahora gobernador con licencia Javier Duarte, entregó contratos, deberán enfrentar juicios por presentar información falsa al momento de dar de alta a las compañías ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Luego de que la PGR y el SAT presentaran pruebas, los jueces federales confirmaron que hay elementos suficientes para considerar la existencia de delito; sin embargo, los nombres de las personas involucradas no fueron revelados.

Se investigará a los inculpados por la inexistencia y operaciones de 31 empresas que obtuvieron alrededor de mil millones de pesos en contratos durante la gestión de Duarte; por tal delito podrían tener una pena de casi seis años de cárcel debido a que realizaron operaciones simuladas.

En este contexto se mantienen abiertas las auditorías que se realizan a diferentes dependencias del Ejecutivo estatal, debido a que el SAT consideró que hubo irregularidades en el manejo de los presupuestos.

Además de las investigaciones y de las posibles penas en contra de los funcionarios, se anularán fiscalmente las operaciones facturadas en las que se realizaron pagos por supuestas compras de materiales para viviendas, escolares y despensas.

Fuente: Redacción