Fepade va tras el exgobernador de Chihuahua César Duarte
Solicita orden de aprehensión porque el exmandatario supuestamente descontó 79 millones de pesos de la nómina de los trabajadores para entregarlo al PRI
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) va por el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por descontar entre el 5 y el 10 por ciento del salario, vía nómina, a empleados del gobierno de estatal para entregarlo al Partido Revolucionario Institucional en el estado, lo que es considerado un delito electoral, por 79 millones de pesos, por lo que solicitó orden de aprehensión.
Una vez que el juez de Control libre la orden de aprehensión, se podrá emitir una ficha roja ante Interpol para la localización y presentación de César Duarte.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, destacó que la carpeta de investigación iniciada por la Unidad de Atención Inmediata para el caso de Chihuahua número 2259 / 2016, inició con un escrito de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua contra tres funcionarios públicos y un dirigente partidista.
…“Durante la Administración del señor César Duarte en Chihuahua, instruyó un mecanismo de medidas indebidas a través de descuentos a los salarios de los Trabajadores, que se realizaban los días 20 de cada mes, y que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento, de los salarios de estas personas, a partir del concepto de compensación que recibían por motivo de su trabajo.”
El fiscal especial destacó que los descuentos se realizaban a los jefes de departamento y superiores, lo que llevó a generar un financiamiento que era retenido por la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado, para efecto de entregarlo al Partido Revolucionario Institucional en la entidad.
“El monto de las retenciones se conservaban en una cuenta del banco Bancomer, perteneciente al gobierno del estado, la cual era manejada por el entonces director de recursos humanos de la citada secretaría, a partir de la cual fueron emitidos una serie de cheques, de manera mensual.”
La primera imputación que formuló la Fepade tiene que ver con la emisión de 12 cheques mensuales, de enero a diciembre del 2015, año en que hubo un proceso electoral, lo que da pie a la Fiscalía para calificarlo como delito electoral.
“Estos cheques eran autorizados por el entonces secretario de Hacienda y endosados por el director de Programación y Control de Pagos, una vez endosados, el tesorero los enviaba a una empresa de carácter mercantil, a efecto de que se hicieran los cobros en efectivo. El importe era entregado el Partido Revolucionario Institucional, a través de su secretario de Finanzas, quien hacía la entrega de un recibo simple por el importe mensual que recibía. Las doce aportaciones a las que nos hemos referido equivalen a 14 millones 609 mil 583 pesos.”
La Fepade sigue la investigación para llegar al total de 79 millones de pesos para poder ejercer la acción penal por la totalidad de los recursos que se pudieron entregar al PRI estatal.
Estas acciones están tipificadas como una violación al artículo 11, fracción quinta, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que impone una sanción de 200 a 400 días, multa y de dos a nueve años de prisión a quien participe solicitando a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones en dinero para apoyar a un determinado partido político.
Información de Guillermo Espinosa
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