Estado de indefensión
COLUMNA/LA COYUNTURA/ Vladimir Galeana Hay quienes en sus ansias por destruir a los adversarios políticos socavan el orden institucional enarbolando causas que por su naturaleza resultan contrarias al estado de derecho. Pero también hay que decir que en México ocurren cosas que ningún gobierno toleraría, como es el caso de contravenir la legalidad aduciendo un […]
COLUMNA/LA COYUNTURA/ Vladimir Galeana
Hay quienes en sus ansias por destruir a los adversarios políticos socavan el orden institucional enarbolando causas que por su naturaleza resultan contrarias al estado de derecho. Pero también hay que decir que en México ocurren cosas que ningún gobierno toleraría, como es el caso de contravenir la legalidad aduciendo un derecho democrático. Para ser claros, desde hace algunos años nos encontramos entrampados en una disputa de lo ilegal contra lo legal y viceversa, sin tener claros los linderos de lo permitido y lo prohibido a causa de que no contamos con preceptos precisos que delimiten las conductas humanas.
Hace unos días el senador Miguel Barbosa Huerta, quien fue degradado a vicecoordinador con tal de que lo aceptaran y lo protegiera el manto del señor Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional del Gobierno Federal, y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, de espiar a políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
Claro está que lanzar acusaciones sin fundamento y al calor de la efervescencia del momento da créditos sociales, o al menos se queda bien con el prócer que todo lo domina y lo determina.
Pretender arrinconar al Estado mexicano es lo mismo que intentar socavar su autoridad y permitir que conductas ilegales salgan a flote simplemente porque así conviene a quienes militan en algunas de las corrientes del espectro ideológico, a la vez que con ello se combate un presunto exceso de autoritarismo, sin pensar que el desmantelamiento de ciertas áreas coloca en la vulnerabilidad plena al Gobierno y, por consecuencia, a los ciudadanos en una indefensión que puede resultar oprobiosa. Intentar romper los cimientos en que descansa nuestra organización administrativa, también es un acto contrario al derecho.
Entiendo que el señor Barbosa Huerta tenga que trabajar ahora para el hombre que lo acogió en su proyecto, pero antes que pensar en las formas de combatir a ese Estado del que forma parte debiera entender que el daño para México y los mexicanos pudiera ser irreversible por mucho que eso signifiquen créditos ante quien desde que decidió militar en el Movimiento de Regeneración Nacional se convirtió prácticamente en su amo y señor. Lo que debiera tener presente es que antes que la conveniencia política está el interés del país y sus habitantes.
Por eso es que los hombres y mujeres que durante diversas etapas han enriquecido y diseñado las tareas propias del Estado a partir de la protección de los intereses de los mexicanos, y también del interés superior por preservar y conservar ese conjunto de normas coactivas que nos hemos dado para regular nuestra convivencia común. En ese esquema es que nuestra igualdad se traduce en derechos a los que podemos, o debiéramos acceder todos. Aunque nuestra desigualdad sea evidente por muchas circunstancias, lo óptimo es que sigamos manteniendo las mismas obligaciones y los mismos derechos.
Cuando escucho a un senador contravenir el espíritu de los mecanismos de protección a que tiene derecho el propio Estado mexicano, y que es un interés general en el que nos incluimos o debiéramos hacerlo todos los ciudadanos, es cuando resulta evidente la mezquindad política de los adversarios al régimen, que observan en su destrucción la forma de ganar afectos para lograr hacerse del poder. Esa lucha del poder por el poder a costa de destruir lo que tanto nos ha costado a los mexicanos evidencia que está por encima el interés particular que el interés de los mexicanos. Al tiempo.
BPG
