Endurecen castigos por portación ilegal de armas

Sin discusión en el pleno del Senado de la República, y en menos de 15 minutos, se aprobó el proyecto de decreto con el cual se pretende endurecer las penas y actualizar las multas por los delitos de portación y posesión de armas prohibidas o sin licencia; con 89 votos a favor y uno en contra se propuso reformar diversas disposiciones legales vigentes.

Con este proyecto se establecería en el Código Penal Federal una pena de prisión de dos a cinco años, así como una multa de entre 22 mil y 37 mil pesos; además del decomiso, a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito, instrumentos que sólo pueden ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se estableció en el documento.

Actualmente, en la ley se marca prisión de tres meses a tres años o de 3 mil a mil pesos de multa y la confiscación del arma. También se castigará a quien regale, trafique o ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario; solamente funcionarios y autoridades que en el ejercicio de su cargo requieran portar un arma podrán hacerlo.

Los legisladores también proponen modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para aumentar las penas, que irían de seis meses hasta 30 años de prisión y una multa de 4 mil a 74 mil pesos para quienes porten armas de manera ilegal.

Aquellas personas que no informen a la Secretaría de la Defensa Nacional irían a prisión con una pena de entre seis meses a dos años de cárcel y una multa que iría de 7 mil 500 a 22 mil pesos y también se asegurará el arma.

Exclusivas del ejército

Respecto a las armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, las personas que se encuentren en posesión de éstas, serán sancionadas con prisión con de uno hasta 15 años, el decomiso y una multa de entre cuatro y 52 mil pesos.

Además, quien las acopie sin permiso irá a prisión de cinco a 20 años, y una multa de 8 mil y hasta de 74 mil pesos.

La propuesta de modificación a la ley considera cárcel de 10 a 30 años y una sanción económica de hasta 52 mil pesos para quienes participen en la introducción al territorio nacional, de manera clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.

Además, se castigará de la misma manera a los servidores públicos, que estando obligados por sus funciones a impedir esta introducción, no lo hagan, por lo que serán destituidos e inhabilitados para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.

Durante la votación estuvo presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quien previamente se reunió con la Junta de Coordinación Política de esta cámara.

Mancera afirmó que los mandatarios no están en contra de la portación, pero, dijo, siempre y cuando sea en el marco de la ley.

Por su parte, el senador Fernando Yunes Márquez, quien presentó el dictamen, explicó el incremento de las sanciones y refirió que se da un cambio de delitos no graves a graves, ya que el ordenamiento jurídico no los consideraba con la máxima pena.

“El dictamen es un paso al frente en la pacificación de México, un país sin armas es un país más seguro”, afirmó.

Sobre los cambios, la única voz de oposición fue la del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, quien votó en contra del dictamen.

Crítico que ante ello muchos ciudadanos tengan que armarse de manera ilegal para defender sus negocios y familia, así como el hecho de que sólo en la Ciudad de México exista una tienda de la Sedena donde se pueden comprar armas legalmente y tramitar el permiso correspondiente.

Ilegalidad

Según el documento que sustenta la propuesta, en México circulan ilegalmente cerca de 20 millones de armas y 65 por ciento de ellas está en manos del crimen organizado.

En los motivos se expone que las armas propician la violencia y la actividad delictiva y se citan datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en la que se documentó que de 18 millones de hechos ilícitos, 48.6 por ciento de los delincuentes portaba armas al momento de cometer sus delitos, de las cuales 33 por ciento eran de fuego.