El presidente AMLO respalda ley de extinción de dominio

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la Ley de Extinción de Dominio aunque la iniciativa privada le pidió vetarla. Justificó que, si se confisca indebidamente dinero o bienes, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pagará el costo.

Explicó que con dicha legislación se procurará que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo dichos bienes.

“Hay un mecanismo que se está proponiendo, que va a consistir en que un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal, puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta de inmediato el Instituto le paga el valor del bien a la persona”, explicó.

“¿Por qué se hace esto? Porque si no, ese bien se puede mantener por años y de deteriora y el Estado además tiene que pagar, utilizar recursos para su mantenimiento, para su vigilancia”, justificó usando como ejemplo la casa en Las Lomas de Zhenli Ye Gon.

— ¿Pero no existe el riesgo que se pueda… que ciudadanos que rentan un inmueble de buena fe, se asegure y que el gobierno lo vende, no esperan la sentencia para hacer eso?, se le cuestionó
— Sí, pero cuando llegue la sentencia se les restituyen sus bienes con dinero, dijo.
— ¿Entonces usted está de acuerdo en los términos?, se le insistió
— Totalmente de acuerdo, respondió

El secretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo que en promedio se decomisan de 8 a 10 embarcaciones a la delincuencia al mes.

Este miércoles el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos pidió López Obrador vetar la ley extinción de dominio por considerar que violenta los derechos humanos y la presunción de inocencia, además de que no se respeta la propiedad privada.

La Ley de Extinción de Dominio el procedimiento correspondiente y los mecanismos para que las autoridades administren y moneticen los bienes sujetos al proceso, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Entre los delitos susceptibles de la extinción de dominio, están: secuestro; delincuencia organizada; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud; trata de personas; delitos por hechos de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita; y extorsión.