Desechan 120 mil amparos contra gasolinazo
Tras los saqueos, marchas y manifestaciones, ahora el malestar ciudadano y político se ha volcado a los juicios de amparo en contra del gasolinazo; sin embargo, los jueces han declinado competencias a los juzgados especializados y en otros casos los han desechado.
Este martes se vence el plazo de 15 días para que los ciudadanos se puedan amparar contra el alza de precio en los combustibles, mientras que para las autoridades municipales y estatales cuentan con 30 días para hacer lo propio.
Empero, valga apuntar que desde hace 50 años ningún juicio interpuesto contra del pago de algún impuesto ha procedido.
El jurista Óscar Valdés Ramírez reconoció, en entrevista para CAPITALMEDIA, que han sido desechadas al menos 120 mil demandas de amparo, aceptadas a trámite 62 mil de un total de 302 mil juicios iniciados contra el gasolinazo, y aunque los jueces se estén negando a entrar en el tema, la cantidad admitida es importante.
“Muchos abogados e incluso estudiantes de derecho cambiaron el sentido inicial del machote de la demanda de amparo que yo hice pública y para el uso de la ciudadanía; utilizaron el concepto ‘competencia’ y obviamente la van a rechazar, porque se trata de juzgados especializados.
“Incluso, algunos hablaron del esquema tripartita, lo cual no es adecuado, pues los amparos contra impuesto nunca han funcionado, desde hace 50 años, y obviamente que bajo estos preceptos los juicios los van a rechazar”, explicó el jurista.
El planteamiento de las demandas que ya fueron aceptadas a trámite es claro, aseguró, pues no se impugna el cobro del impuesto sobre la gasolina, sino la forma.
“No estoy impugnando el cobro, sino cómo se llevó a cabo la norma para hacer ese cobro, a lo que voy es al debido proceso como en casos penales; en este caso el fondo y la forma para poder llegar al cobro de un impuesto que de origen está viciado.
“El artículo 28 constitucional dice que la única autoridad responsable para fijar precios es la Secretaría de Economía; dicha instancia no estuvo presente cuando se autorizó el incremento”, indicó.
Explicó que hay mucho miedo por parte de los jueces, porque no sólo se trata de un problema económico, sino social, que puede traer consecuencia significativa para todo el sistema y ninguno de ellos se quiere hacer responsable de ese hecho.
