CNDH sepulta caso iguala

Por Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Para exorcisar sus fantasmas de la “guerra sucia”, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desenterró el pasado al crear el 9 de enero de 2020, la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente a la que otorgó 4.2 millones de pesos y convertirla en el brazo político y financiero del “comité Eureka”. Al tiempo que sepultó el presente, al extinguir, 19 días después, la Oficina Especial para el “Caso Iguala”.

Un mes después del “virtual carpetazo al caso Ayotzinapa”, la ombudsman dejó de lado su papel de defensora nacional de los derechos humanos y de nueva cuenta tomó la bandera de dirigente del “comité Eureka” y acompañada de integrantes de esta organización, se manifestó afuera de Palacio Nacional, en demanda de audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En ese mitin matutino afirmó que a partir del miércoles 26 de febrero de 2020, la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente, entraría en operaciones y funcionaría como Visitaduría Especial.

A través de una solicitud de información, la CNDH detalló: “el monto anual asignado a la Oficina Especial Para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, de acuerdo al Sistema Integral de Administración de Recursos Financieros (SIARF) de esta Comisión Nacional, para el ejercicio 2020 se incluyeron y aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recursos por 4.2 millones de pesos para la operación de la oficina especial del “Caso Iguala”.

“En enero de 2020, la Presidenta de esta Comisión Nacional, decretó la creación de la Oficina Especial para Investigar Represión y desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente y la desparación de la Oficina especial para el “Caso Iguala”, en tal sentido, los recursos para atender el caso de los 43, pasaron a la Oficina Especial para Investigar Represión y desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente”, detalla el documento entregado.

Así, Rosario Piedra colisionó el pasado con el presente. Polarizó a los grupos defensores de derechos humanos al ponderar la voz de las víctimas de la llamada “guerra scucia” y botarle el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos al gobierno de la cuatroté, pues hasta el momento ella no ha creado otro mecanismo que sustituya la oficina del “Caso Iguala”.

“Nos preocupa que el caso siga sin ser atendido por la CNDH; ahora se quitó la oficina pero no se creó otro mecanismo para darle seguimiento al caso y eso es lo más preocupante”, critica Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos.

La oficina del caso de los 43 fue creada el 18 de diciembre de 2014 como parte de las investigaciones que se siguieron en torno a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando 80 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México, fueron interceptados y uno de los vehículos, con 43 de los normalistas, desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.

Con la llegada de Rosario Piedra a la CNDH todo quedó en retórica y en la narrativa ficticia de afinidad ideológica. Ella se comprometió a analizar en conjunto con los familiares de los normalistas la Recomendación 15VG/2018 para llegar a un conclusión; sin embargo, ella se alejó de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa.

Sólo fue una reunión en la que se dialogó con los padres de los normalistas y confiaron en que Rosario Piedra respondería con sensibilidad; sin embargo, sólo dio carpetazo y aprovechó para incrustar en la CNDH su agenda personal con la oficina para investigar la “guerra sucia”.

El abogado Vidulfo Rosales explica que el objetivo de la desaparición de la oficina fue para darle otra ruta de investigación por parte de la CNDH ya que la recomendación tenía muchos puntos sin sopesar.

“El objetivo de esa recomendación era —en la actual administración— revisarla ya que la investigación que estuvo en manos de José Trinidad Larrieta fue poco objetiva. Incluso, se le propuso que fuera la ombusman la que decidiera el mecanismo”, recuerda.

“Destruir la investigación y lo avanzado de los especialistas así como la misma oficina del ‘Caso Iguala’ es desafortunado. Ya que llegó una administracion a la CNDH lastimosamente congruente con este gobierno y toman decisiones con base en lo que el presidente dicta”, reprueba la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta.

A esto, David Velasco Yáñez, coordinador del libro Ayotzinapa. La crisis del estado neoliberal mexicano, se suma a la crítica y califica como “lamentable la desaparición de la oficina especial del caso Ayotzianapa por parte la CNDH. Aunque analiza que por el otro aspecto es cierto no hay avances significativos en la investigación de la desaparición de los 43. Sin embargo, es importante señalar que se investigue a los militares o dictar órdenes de aprehensión que son relevantes y visualizan posibles soluciones”.

Aunque para el analista le parece “importante la perseverancia de los familiares; ellos mantienen viva la lucha así como su permante presión al gobierno federal para que se esclarezca el caso es fundamental”.

Hasta el momento, los familiares de los estudiantes mencionaron que en 2020 se obtuvieron algunos avances, como las 80 órdenes de aprehensión contra personajes  involucrados en el ataque contra sus hijos, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, el capitán José Martínez Crespo y algunos policías federales, así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.

“Reconocemos la voluntad política del gobierno federal y el Presidente de la República; sin embargo, ésta no es suficiente para lograr verdad y justicia, se requieren acciones concretas y mayor colaboración y dinamismo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional cuyos miembros estuvieron implicados de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43”, destacaron.

El también académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), David Velasco, afirma: “Ayotzinapa es un espejo del mapa de México como una enorme y macabra fosa clandestina. Los familiares mantienen viva la indignación la lucha y que se mantengan los colectivos de familiares desaparecidos. Además de que destaca que se enjuicie la participación de militares que se investigue su participación en el caso de los 43”.

El desorden

La recién creada Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente se encuentra acéfala. Sin visitador “especial” y sin arrojar resultados es un proyecto que sólo generó desorden en la administración de la CNDH.

Sin embargo, cuenta con recursos humanos y materiales para su operación pero Rosario Piedra no designó a la persona que encabezará esta “visitaduría”. Incluso su sueldo mensual está definido en 108 mil 810 pesos.

De acuerdo con el documento de respuesta a la solicitud de información, la CNDH señaló: “no obra expresión documental de la curricula del Titular de la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del estado durante el pasado reciente, en virtud de que se encuentra vacante el puesto”.

Para la senadora Kenya López Rabán “algo que ha caracterizado a esta dirección de la CNDH es el desorden administrativo. Hemos visto a visitadores que no llenan los requisitos. Haciendo funciones de visitadores aunque no cumplan con la ley. Esta forma de ingresar a los trabajos de la comisión es desafortunada y esta visitaduría especial es muestra clara que no se ha entendido la estructura de la CNDH donde cada visitador tiene una responsabilidad para todos los temas”.

La legisladora agrega: “optar por un tema que demuestra que la agenda que se sigue es personal; orientada a la visión de la titular es hacer de lado el tema fundamental que es dar respuesta por los cientos de desaparecidos y es algo que se tiene que priorizar, no sólo en términos administrativos”.

En entrevista, la senadora añade que “la CNDH es un organismo que en términos normativos por su autonomía genera una falta de entendimiento de cómo debe trabajarse claramente. La CNDH está alejada de sus facultades de la expectativa para un organismo autónomo. La dirigencia de esta comisión crea cargos y responsabilidades que no tengan titular y si lo tiene no dan respuesta de las exigencias del país. Es algo que la CNDH debe reconocer y corregir”.

Mientras que el defensor de los padres de los 43, Vidulfo Rosales compara que las desparaciones del pasado “son un tema más amplio, es diverso pero no tiene qué ver con el caso Ayotzinapa, los movimientos del pasado de la década de los 60, 70 hay que darle seguimiento. Sin embargo, a Ayotzinapa no se le puede dar ese mismo tratamiento. Ayotzinapa tenía una oficina específica, una recomendación para revisarse. Merece un tratamiento propio ya que se trata de una grave violacion compleja de los tiempos modernos y amerita atención del gobierno.

“La CNDH está soslayando el caso Ayotzinapa; hay desatención a una de las violaciones más graves de la historia del país. No se ha creado un mecanismo para darle seguimiento al caso y se desaparece y quitan fondos y no se crea un mecanismo”, reprocha.

Colaboradores inflados

Al ambiente de desorden que priva al interior de la CNDH se agrega que en un contraste con los datos obtenidos a través de la solicitud de información y al verificarlos se detectó que falsearon información en los curriculums de los integrantes de la oficina especial, pues de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Profesionsitas, en la búsqueda que se llevó a cabo para esta investigación, Fuentes Romero Graciela, cuenta con licenciatura en derecho pero el número de cédula por la maestría en derecho penal ostentado no aparece.

Mismo caso, Ortiz Rosas Rubén, quien tiene número de cédula de licenciatura pero no de maestría. De igual manera Sandoval Rocha Alicia se ostenta con maestría pero no hay número de cédula.

Mientras que en el caso de Avila Peña Marco Antonio, sí aparecen ambos número de cédula de licenciatura y maestría. Al igual que Bustos Ríos Diana que cuenta con los dos números de cédula.

En tanto, que en el caso de Jiménez Castillo Verónica hay tres casos de homonimia, sin embargo, ninguna con licenciatura en historia como indica la información entregada.

Finalmente, Leslie Diana Ramírez Rodríguez, sí tiene número de cédula de licenciatura y no presume posgrado.

En todo este caos administrativo se suma que durante agosto, septiembre y octubre de 2020, “de acuerdo al Sistema Interal de Administración de Recursos Financieros (SIARF) de esta Comisión Naciona, el total de los recursos ejercidos para la oficina ascendieron a 854 mil pesos”.

Personal de la oficina especial

Traición y rezago

Vidulfo Rosales Sierra recuerda, en etrevista, que cuando se desapareció la oficina se llegó a un acuerdo pero Rosario Piedra lo rompió.

“No teníamos que llevar a cabo un cuerdo por escrito es un organismo de buena fe que camina a un lado de las víctimas y más con el perfil de Rosario Piedra no se necesitaba sentar un acuerdo a través de un escrito con su palabra era suficiente; ahora la CNDH soslaya el caso Ayotzinapa, lamentablemente es un organismo sin rumbo, a la deriva que no tiene claro hacia dónde va a caminar”.

El abogado señala que si la misma comisión no resuelve sus conflictos internos y no tiene capacidad para resolver el caso vamos con el GIEI, el Presidente y que dan resultados, haya detenidos y se avance en la búsqueda.

El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), David Velasco Yáñez, explica que en los últimos cinco años han proliferado los colectivos que hacen lo que debería hacer el Estado. Trabajos de búsqueda y encontrar de cientos de fosas. “De esta manera la CNDH al igual que las comisiones estatales están rezagadas”

“No es falta de voluntad política, los gobiernos, CNDH y las comisiones estatales pueden expresar voluntad; sin embargo hay incapacidad estructural. El conjunto del Estado está siendo impactado para resolver un caso tan emblemático como es el caso de Ayotzinapa”, remata el especialista.