Blindaje a fiscalía. Comenzará en 2017 ruta crítica para designar al Fiscal General de la Nación

Raúl Cervantes Andrade, actual procurador General de la República, no será por default el próximo fiscal General de la República, pero podrá participar en el proceso de designación luego de que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una reforma a la Constitución Política para que el funcionario permanezca en el cargo hasta que esta cámara elija al titular de la Fiscalía General de la República.

En la exposición de motivos de su iniciativa, que modifica el artículo 16 transitorio del decreto que reforma la Constitución en materia político-electoral, el presidente Peña Nieto señala que este cambio obedece a distintas inquietudes tanto de legisladores, como de la propia sociedad civil y la academia.

El Ejecutivo establece que, de aprobarse su propuesta, corresponderá al Senado iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal, conforme al mecanismo previsto en el Apartado A del artículo 102 constitucional, previendo, a afecto de no afectar el funcionamiento de la propia fiscalía, que el procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su cargo hasta en tanto el Senado de la República designe al Fiscal General de la República.

Adicionalmente de que el procurador de que se trate también podrá ser considerado para participar en el proceso de designación, si así lo decide el actual procurador.

Disputa

Emilio Gamboa Patrón y Miguel Barbosa Huerta, coordinadores del PRI y del PRD en el Senado, respectivamente, discreparon respecto de las reformas a la Constitución que el Presidente envió a esa cámara para que Raúl Cervantes Andrade no se convierta de facto en el nuevo fiscal General de la República.

El PAN presentó una iniciativa que inhabilitaría al actual titular de la PGR para competir en el proceso de designación del fiscal General de la República.

El coordinador priista, Emilio Gamboa, precisó que no hay ninguna obstinación del Primer Mandatario para que Cervantes sea en automático el titular de la Fiscalía General de la República.

“No hay ninguna obsesión del Presidente de que pase por automático y me parece que ayuda a quitar las inquietudes que había en el Senado de la República. Lo que no quiere el presidente de la República es que en el Senado no tengamos la capacidad de llegar a los consensos, que siempre lo hemos hecho, y a los acuerdos. Me parece que es una iniciativa muy oportuna”.

Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, reconoció que la iniciativa del presidente Peña Nieto fue atingente y sensible. Pero, opinó, le faltó profundidad en su contenido.

“No queremos un fiscal de cuates. No queremos alguien vinculado a partidos políticos, queremos alguien que su sola designación provoque confianza en su desempeño.

Nosotros no vetaríamos a nadie, menos a Raúl Cervantes, para que sea evaluado bajo reglas que garanticen la autonomía e independencia de quien sea el titular de la Fiscalía General de la República”.

La bancada de Acción Nacional, encabezada por su coordinador parlamentario, Fernando Herrera Ávila, presentó una iniciativa que propone una serie de requisitos para elegir al fiscal General de la República, entre ellos, que no haya desempeñado cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.

“La propuesta no tiene nombres, tiene requisitos perfectamente definidos… Lo que nosotros hemos recibido como exigencia social, es precisamente que una persona que tiene una responsabilidad como ésta, esté alejado de intereses o de influencias partidistas”.

También, en la sesión de este martes la bancada del PRD presentó un par de iniciativas, enfocadas a garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Los perredistas proponen que el Senado designe al fiscal General de la República después de una amplia auscultación de la sociedad y sin participación alguna del Ejecutivo Federal.

La segunda iniciativa expide la Ley de la Fiscalía General de la República, en la que se fijan los instrumentos para promover un alto perfil en la función ministerial y de investigación, y garantizar la autonomía de este nuevo órgano.