Asegura la PGR rancho del socio de Javier Duarte

El rancho Las Mesas, propiedad de Moisés Mansur Cisneros, uno de los señalados de ser prestanombres del hoy prófugo Javier Duarte de Ochoa, fue asegurado por la Procuraduría General de la República (PGR).

En el expediente de la procuraduría se establece que el inmueble consta de una superficie de 93 hectáreas –donde se incluía una alberca para caballos– y es copropiedad de Mansur Cisneros, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo.

Raymundo Riva Palacio, en su programa radiofónico para CAPITALMEDIA, reveló que el rancho se vendió en menos de 22 centavos por metro cuadrado, cuando el valor real aproximado es de 200 millones de pesos.

Acerca de este asunto, el diputado federal Enrique Cambranis solicitó a las autoridades que se apresuren en la incautación de bienes del gobernador con licencia y su correspondiente adjudicación. Afirmó que, en un acto de justicia, lo incautado debe de usarse para generar empleo, mejorar escuelas y hospitales en Veracruz, debido a que se comprobó que el rancho, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, fue adquirido con recursos de las secretarías estatales de Educación y Salud.

Ya casi lo agarran

En tanto, Raúl Cervantes, titular de la PGR, afirmó que están cerca de localizar a Javier Duarte y a Guillermo Padrés, a quienes “se les tiene que llevar ante la justicia y hacerles un muy buen juicio para que se les dicte sentencia”.

A dos días de que asumió el cargo, Cervantes indicó en diversas entrevistas radiofónicas que aprehenderán a quienes se desempeñaran como mandatarios en Veracruz y Sonora, Duarte y Padrés, respectivamente.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, al indicar que no tiene ninguna duda de que Javier Duarte será detenido.

Detalló que no hay investigación alguna en contra de los 16 diputados federales priistas por el estado de Veracruz, a pesar de que a algunos de ellos se les vincula con las corruptelas cometidas por Duarte de Ochoa.

“No, no ha llegado ninguna y sé que hay algunos compañeros cuyos nombres están mencionados en las investigaciones. Estoy seguro que ellos, cuando la autoridad de la Procuraduría de Justicia los requiera, estarán ahí”, explicó.

Señaló que el caso de Javier Duarte llegó a extremos impensables, lo que obligó a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI a tomar medidas más drásticas.

Quien negó que la expulsión de Duarte sea “una cortina de humo”, fue el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.

Después de que varios partidos criticaron como una “simulación” la decisión del priismo, el dirigente aseveró que han realizado acciones “contundentes” en contra de la corrupción, como haber alentado la declaración de inconstitucionalidad de “paquetes de impunidad” que pretendieron crear, en su momento, los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo.

Ahora, tras la expulsión de Javier Duarte, Ochoa Reza exigió a las autoridades federales ahondar en las investigaciones en su contra y que se cumplan las órdenes de aprehensión que ya se giraron.

Van por dos duartistas

La Fiscalía General de Veracruz ejerció acción penal contra los exfuncionarios duartistas Gabriel Deantes Ramos y Arturo Bermúdez Zurita.

La acción jurídica contra el exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, mientras que en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, es por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Quien se desempeñara como titular de Seguridad se retiró del cargo por señalamientos de poseer propiedades en la zona residencial Woodlands, en Texas, Estados Unidos.

A Deantes Ramos se le acusa de presuntos desvíos de recursos a su paso por las secretarías de Finanzas, Educación y del Trabajo.

Otros de los implicados en el caso de delincuencia organizada, Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla, suegros del gobernador, lograron que el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, les otorgara una suspensión contra una probable orden de aprehensión.

Sin embargo, no les fue retirada la alerta migratoria.

El amparo provisional respecto a una probable detención sólo aplica si el delito imputado a los quejosos no es grave, pero se establece que deberán cumplir con la garantía de permanecer en el país mientras sigue su proceso.