Para evitar “cuotas judiciales”, deben desaparecer juzgados especiales de telecomunicaciones: Eduardo Ramírez
Refirió que en las legislaturas pasadas se llevó a cabo una reforma para que algunos juzgados pudieran conocer en materia de telecomunicaciones.
El senador Eduardo Ramírez presentará una iniciativa de ley para desaparecer los juzgados especiales en materia de telecomunicaciones, porque considera que solo responden a intereses particulares y no sociales.
El también presidente de la Mesa Directiva en el senado de la República, en entrevista fue cuestionado sobre los amparos que se han interpuesto en contra del padrón de usuarios de telefonía celular.
Aclaró que la iniciativa busca que existan “tribunales parejos”, donde sean de competencia y no de “cuotas judiciales” para proteger intereses privados. “La estoy preparando porque prácticamente todos los amparos llegan a un solo juzgado y no puede ser en esta materia”.
Refirió que en las legislaturas pasadas se llevó a cabo una reforma para que algunos juzgados pudieran conocer en materia de telecomunicaciones, por lo que reiteró que no puede haber tribunales especiales.
“Estoy preparando una iniciativa para quitar esa protección a ciertos jueces, que evidentemente corresponden a intereses privados y no a intereses sociales”.
Eduardo Ramírez precisó que las especialidades en los juzgados existen, se dan en diferentes partes del país; aquí, “como que se prepararon, por si en el futuro se hacían reformas que perjudicaran los intereses privados, con jueces ad hoc”.
Estamos en el estudio de esta iniciativa y el fundamento será que no debe haber juzgados especiales para privilegiar cierto tipo de intereses e insistió en que el padrón de telefonía servirá para normar más esta área y detener la ola de violencia en materia de secuestros y de extorsiones.
Respecto a la reforma a la Ley de Hidrocarburos, dijo que se trata de un avance sustancial para que el Estado mexicano ejerza mayor control, pues el sistema que se manejó en años anteriores era con la participación desproporcionada de la iniciativa privada.
Lo que se pretende es que tenga el control y que exista esa posibilidad de que Pemex, al fin, sea más competitivo, subrayó.
Mencionó que cualquier persona física o moral podrá hacer uso de juicio de amparo y acudir a juzgados federales si se sienten afectadas con esta nueva legislación.
“Nosotros consideramos que las empresas de utilidad social deben tener mayor fortaleza. Tenemos que estar en la competitividad, pero siempre ponderando lo que pertenece al Estado mexicano, que es una herencia de la expropiación petrolera”, puntualizó.
