Nuestro patrimonio arqueológico, en la mira de criminales: Karina Rojo Pimentel
México es uno de los países con mayor patrimonio cultural en el mundo, por lo que despierta la ambición entre la delincuencia organizada que se dedican al saqueo indiscriminado del tráfico de piezas arqueológica, de manera tan grave que se desconoce el número y el tipo de los bienes culturales que han sido sustraídos ilícitamente de nuestro país, ya que se estima que nueve de cada diez piezas reportadas, nunca han sido recuperadas.
Lo anterior es parte de los fundamentos que hizo la diputada Ana Karina Rojo Pimentel para proponer una iniciativa que reforma la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con el propósito de aumentar las penas corporales contempladas en esta norma y ponderar aquellos delitos que lesionan más el patrimonio cultural.
La legisladora por el Partido del Trabajo precisó que el sector de la cultura en nuestro país es responsable de la investigación, el resguardo y la protección de poco más de 53 mil vestigios arqueológicos registrados, 120 mil monumentos históricos inmuebles, 60 centros históricos y 20 mil monumentos históricos y artísticos de propiedad federal; al tiempo que administra 144 museos y 192 zonas arqueológicas abiertas al público, zonas que son visitadas anualmente por cerca de 30 millones de personas.
Ana Karina Rojo Pimentel propuso que quien o quienes realicen trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio en monumentos arqueológicos inmuebles o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se le imponga prisión de cinco a 12 años y multa de mil 500 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, a quien valiéndose del cargo o comisión del INAH o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y multa de tres mil a seis mil veces la UMA vigente.
Los cambios a los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53 Bis, y 55 también buscan armonizar la Ley en referencia al salario mínimo como medida y fortalecer las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía.
En su propuesta, Karina Rojo Pimentel enfatiza, entre otros cambios, que al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y multa de mil quinientas a cinco mil veces la UMA.
A su vez, el que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de cinco a 12 años y multa de mil quinientas a cinco mil veces la UMA vigente.
