En foros y consultas se definirá creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas convocaron a una serie de foros y consultas que se realizarán en distintos estados del país, a partir del próximo 9 y hasta el 18 de noviembre, con el propósito de recabar opiniones y puntos de vista sobre la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
A estos foros estarán invitados representantes de pueblos y comunidades indígenas, autoridades municipales, a cabildos y regidores étnicos, gobiernos indígenas tradicionales, autoridades comunitarias, autoridades comunales y ejidales de pueblos indígenas, organizaciones e instituciones pertenecientes estos pueblos, jornaleros, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas en zonas urbanas, indígenas migrantes, así como a autoridades e instituciones del pueblo afromexicano y todos los interesados en participar.
Los foros serán abiertos; y en ese marco se recopilarán opiniones, propuestas, estudios y expresiones verbales o escritas sobre el proyecto en cuestión.
Los legisladores indicaron que a partir de la información que se recabe en estos foros, se definirá la naturaleza jurídica del nuevo organismo público y se establecerá que los pueblos indígenas serán sujetos de derecho público.
También se delinearán los principios que regirán la acción institucional en la materia; así como los organismos de administración y operación del nuevo Instituto; y la estrategia de regionalización y transversalidad de las políticas públicas en ese rubro.
En los foros y consultas participarán la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; el equipo encargado del tema de pueblos indígenas del gobierno de transición; y el Instituto Nacional de Antropología.
También formaran parte, la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas; la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México; la oficina en México del alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y los gobiernos de los estados.
