Cuatro años después de los hechos; exigen a PGR reabrir el caso Tlatlaya
Un juez ordenó a la PGR esclarecer lo más pronto posible el caso y encontrar a los responsables de la matanza, sin descartar la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad
El caso Tlatlaya es un ejemplo más de abuso de fuerza y de la impunidad que impera en México, y a cuatro años de la matanza en la que 22 civiles fueron asesinados presuntamente a manos de militares en una bodega de San Pedro Limón, todavía no hay justicia.
De acuerdo al Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso.
Es por ello que ordenó a la PGR esclarecer lo más pronto posible el caso y encontrar a los responsables de la matanza, sin descartar la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
Clara Gómez González sobrevivió al episodio violento, y se ha vuelto parte fundamental de la investigación, por lo que el juez Erik Zabalgiotia Novales resolvió a favor su recurso y dijo que la investigación de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia.
Además, el juez asegura que no se realizaron las diversas diligencias anteriormente ordenadas, y las que sí se cumplieron, no fueron pertinentes ni idóneas. No se analizaron pruebas del expediente del Centro Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ni de las declaraciones de los militares involucrados, y por si fuera poco, no se ordenó la recolección de nuevas pruebas, y las que Clara ha ofrecido, no se han considerado.
A cuatro años de la tragedia todavía no hay ninguna persona declarada culpable ante la justicia, pues no se han ofrecido pruebas contundentes para señalar a los responsables que ejecutaron arbitrariamente a 12 personas. Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas ejecutadas, y no se ha castigado por la alteración de la escena.
Dos años después del suceso, en marzo del 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados. La PGR inició una averiguación previa en la que acusó a los militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero por falta de pruebas fueron liberados dos meses después.
La CNDH ha realizado 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 10 años.
