Buscan castigar generación de facturas falsas hasta con 10 años de cárcel
Hay estimaciones que indican que el 70 por ciento de la facturación falsa se da en el sector público federal y local.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y diputados de Morena preparan una iniciativa para tipificar como delincuencia organizada la expedición de comprobantes fiscales digitales falsos y se sancione hasta con 10 años de presión a quienes incurran en este delito.
Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la PRODECON, preciso que esta iniciativa es a propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la gravedad que representa la evasión fiscal a través de la compra y venta de facturas apócrifas cometidas sobre todo por empresas fantasma.
En el #ForoEmpresasFantasma la Procuradora Diana Bernal menciona que las empresas fantasmas son verdaderas redes delincuenciales pic.twitter.com/H2JIq7HATx
— PRODECON México (@ProdeconMexico) September 26, 2018
Por ello, durante la presentación de la iniciativa “Corrupción y Empresas Fantasma, Propuestas de Reforma Legal para su Combate Eficaz”, en el recinto legislativo de San Lázaro, la procuradora Diana Bernal dijo que es urgente poner un freno a esta situación.
“Son redes delincuenciales organizadas que además utilizan como accionistas a prestanombres o bien son gente de escasos recursos a quienes contratan aprovechándose de su necesidad o compran datos personales para constituir estas empresas.
Se busca que el delito incremente su penalidad, actualmente de tres meses a seis años, a dos años a diez años de cárcel. Además se busca que pase a la modalidad de delincuencia organizada con lo cual se convertiría en un delito grave que ameritaría prisión corporal preventiva.
Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, detalló que la evasión fiscal se calcula en cinco puntos del Producto Interno Bruto.
Además, dijo, hay estimaciones que indican que el 70 por ciento de la facturación falsa se da en el sector público federal y local, como secretarias de Estados, Universidades y órganos legislativos como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
