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Domingo 17 de Noviembre 2024

Autoridades fueron cooptadas por crimen en caso Iguala: CNDH

 

El organismo presentará un informe completo sobre el caso de los 43 normalistas


La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy la recomendación 15VG/2018 en el que reveló violaciones a los derechos humanos de imputados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la participación del crimen para cooptar a autoridades federales, estatales y municipales; y que al menos 19 personas sí fueron incineradas en el basurero de Cocula.

En el reporte Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala, el organismo señala que al menos 70 de los imputados por los hechos ocurridos la noche de Iguala fueron sometidos a actos de tortura, recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Autoridades cooptadas por el crimen 

Luis Raúl González Pérez, titular de la CDNH, señaló que encontraron la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado.

“(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno.

“Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno”, expresó.

También criticó la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) por no investigar la actitud omisa o tolerante de autoridades de distintos niveles y órdenes de Gobierno, pese a advertir que algo muy grave sucedía en Iguala, en perjuicio de los normalistas.

Los incinerados en Cocula 

El Ombudsman señaló que la PGR subestimó el hallazgo de porciones petrosas, así como 53 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos en el basurero de Cocula, que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para determinar si se trataba de los normalistas de Ayotzinapa.

“Cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes.

“El desaseo y poco profesionalismo con el que se han llevado a cabo las investigaciones han provocado que se subestimen 38 porciones petrosas de huesos y se ignore el material contenido en la bolsa recuperada del río San Juan”, susceptible de someterse a pruebas de ADN.

Violación del derecho a la verdad 

Luis Raúl González Pérez afirmó que la verdad es una víctima más del caso Iguala, pues las autoridades de distintos niveles violentaron el derecho de las víctimas y sus familiares al difundir declaraciones sesgadas e información falsa que confundió y generó incertidumbre.

“Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados.

“La verdad también ha sido una víctima en el caso Iguala (…) En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las víctimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas”, señaló.

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