Amparo sobre extradición de Caro Quintero, entre los pendientes de la SCJN para 2018
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene varios asuntos pendientes por resolver, entre los más relevantes el relativo a la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, y si atrae o no el amparo en revisión solicitado por Diego Cruz Alonso.
Este joven veracruzano cuenta con un auto de formal prisión, pues está acusado de pederastia. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito fue el que solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción.
La ministra Norma Piña Hernández será la encargada de presentar un proyecto de resolución, en el cual plantee si se ejerce o no la atracción.
En el caso, la noche del 2 de enero de 2015, cuatro jóvenes, entre ellos Diego Cruz, obligaron a una menor de edad a subir a un automóvil donde presuntamente el acusado abusó de ella.
Diego Cruz Alonso solicitó un amparo contra el auto de formal prisión dictado el 23 de enero de 2017, por el Juzgado 3 de Primera Instancia en Materia Penal, en Veracruz.
El 22 de marzo de 2017, el Juzgado 3 de Distrito en Veracruz resolvió conceder el amparo al quejoso, al no encontrar acreditados los elementos del delito de pederastia ni la probable responsabilidad del quejoso.
Sin embargo, esta decisión fue impugnada por la víctima, por lo que la Corte habrá de resolver si atrae o no el amparo.
Otro de los casos es el amparo que presentó Rafael Caro Quintero contra diversos artículos de la Ley de Extradición y del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en específico la orden con detención provisional y su duración de 60 días.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea deberá presentar un proyecto de resolución sobre este asunto.
La Primera Sala resolverá un amparo más, presentado por el municipio de León, Guanajuato, contra la sentencia que le ordena devolver a la Asociación Civil Club Social y Deportivo León el inmueble donde se encuentra el estadio de futbol de esa ciudad, el estacionamiento, las oficinas e instalaciones.
Tras solicitar la anulación del fideicomiso para el manejo de dichos bienes, un juez de Distrito ordenó al municipio devolver los inmuebles, pero este apeló la decisión y el Tribunal Unitario confirmó la resolución.
El amparo directo en revisión fue turnado a la ministra Norma Piña Hernández, quien deberá presentar un proyecto de resolución.
En otro asunto, los ministros de la Primera Sala deberán analizar el amparo en revisión que promovió la madre de una menor de edad enferma de leucemia, que pertenece a la etnia Rarámuri y profesa la religión Testigos de Jehová.
La mujer está en contra de la determinación del DIF del estado de Chihuahua, de tomar la tutela de su hija para tomar decisiones relacionadas con su salud, como el tratamiento de una transfusión de sangre.
En este caso, la madre promovió juicio de amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas de la quejosa, al prohibirle tomar las decisiones en cuanto a la salud de la menor quejosa.
Este caso fue turnado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien deberá presentar el respectivo proyecto de resolución.
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