Acusan a procurador de NL de privación ilegal de la libertad, fraude y falsificación
Aunque ninguna de las tres acusaciones contra de González Garza se resolvieron con una sentencia condenatoria, sí ponen en entredicho su elegibilidad para el cargo de Fiscal General
En pleno proceso para la designación del fiscal general, anticorrupción y de delitos electorales en Nuevo León, vuelven a salir los antecedentes del actual Procurador, Bernardo González Garza, uno de los aspirantes a convertirse en Fiscal General.
En una carta enviada a Gustavo González Fuentes, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, el abogado Rolando Hernández Oviedo enlista los tres procesos judiciales en los que se señala al actual procurador.
Se trata de una acusación de falsificación de documentos y deterioro por 165 mil pesos. que data de 2007; una por privación ilegal de la libertad en 2009; y una más por fraude en 2010.
“Creemos que es momento que las autoridades demuestren que, si la Fiscalía General debe ser presidida por una persona lo más honesta posible, tome en cuenta todo lo anterior, pues es claro que descalifica totalmente a Bernardo González Garza, que por cierto, ignoramos porqué fue nombrado procurador con esos antecedentes”, señala el escrito que también fue enviado al Congreso del estado.
Reporte Índigo dio a conocer los expedientes de estas denuncias en febrero de 2017, cuando era encargado de despacho de la Procuraduría estatal y había sido propuesto para ocupar la titularidad del cargo. Las tres denuncias datan de la época en que ejercía como defensor privado.
La acusación por abuso de confianza contra González Garza está asentada en la averiguación 576/2007-II-I.
Según consta en la carpeta 554/2010-I-4, fue acusado por fraude, y lo señaló un particular, Ramiro Israel Ríos Vera. En este proceso González Garza fue citado a declarar, la acusación terminó con el perdón otorgado por el querellante a favor del funcionario público.
González Garza también aparece involucrado en una demanda en la que se le acusa del delito de privación ilegal de la libertad. En la denuncia, interpuesta por tres trabajadores, se alega que fueron forzados a firmar una renuncia voluntaria, asentada en el expediente 207/2009-II-3.
smg
