Rebasan la vía pública. Romerías violan reglamentos y leyes con impunidad en la CDMX

La Ciudad de México cuenta con 329 mercados públicos a lo largo de sus 16 delegaciones, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

La mayoría concentran en sus alrededores las llamadas romerías, las cuales ofrecen una extensa variedad de artículos de temporada como árboles de Navidad, adornos alusivos, flores de nochebuena, heno, musgo, piñatas y hasta comida.

Las romerías en la CDMX han sido respetadas imperiosamente por los gobiernos en turno. Sin embargo, carecen de una regulación efectiva lo cual conduce a una violación constante y flagrante de las disposiciones establecidas para su celebración.

El 25 de mayo de 2015, el Gobierno de la ciudad publicó las Normas para las Romerías en Mercados Pú- blicos de la Ciudad de México, en las cuales se establece en primer término las fechas correspondientes de vendimia que en el caso de Navidad y Reyes Magos será del 15 de noviembre hasta el 7 de enero.

Durante un recorrido de CAPITALMEDIA por algunas de las romerías ubicadas en la CDMX, se pudo constatar que los vendedores incurren en una o más violaciones a la normatividad sin que por ello reciban alguna sanción.

El mercado de La Merced, en Venustiano Carranza, es uno de los más concurridos pero también de los más infractores de la ley.

En su romería se encuentran no solo productos de procedencia ilícita, sino que los puestos invaden el carril confinado del Metrobús, además de que generan una gran cantidad de basura que se acumula por montones, la cual también impide el libre tránsito de los vehículos en la avenida Anillo de Circunvalación. La obstrucción al libre tránsito y el arrojo de basura en lugares no autorizados, no solo viola los estatutos referentes a romerías sino también los estipulados en la Ley de Cultura Cívica, en sus artículos 25 y 26, respectivamente.

La ilegalidad no escapa en mercados más reconocidos como el de San Juan, en el Centro Histórico. Ahí son múltiples los puestos y locales que ofertan productos ajenos a la temporada navideña, lo que contraviene con la fracción II del Artículo 18 de las normas para las romerías; van desde artículos de belleza, cosméticos, prendas de vestir, accesorios para celulares y hasta piratería, lo cual representa además una falta al Código Penal.

El Artículo VI de la norma establece que el horario de venta será entre las 8:00 y las 23:00 horas. Sin embargo, en mercados como el 18 de Marzo en la colonia Pensil, delegación Miguel Hidalgo, comerciantes extienden su vendimia hasta la madrugada, además de que junto con las obras de mantenimiento que se hacen al drenaje público sobre Lago Naur, obstruyen el libre tránsito de personas y vehículos, tal y como lo prohíbe la fracción III del Artículo VII.

Agustín Saucedo, administrador de este mercado también conocido “La Curva”, aduce que la venta de productos de procedencia ilícita en las romerías es un problema que está fuera de su injerencia y que su función lo obliga únicamente a instar a los locatarios a evitar la venta de esos productos ilegales.

“La policía nos apoya, hace sus operativos y se lleva la mercancía. Nosotros no tenemos facultades para quitarlos, solo podemos pedir que retiren su mercancía aunque no lo hagan”, expresó.

Detalló que algunos comerciantes cuentan con permisos donde se especifica que ofertarán productos legales, sin embargo, en el momento de instalarse ellos deciden qué ofrecer. Además, reconoció que algunos lo han desafiado por tratar de limitarlos.

“Trabajar con ambulantes es muy difícil, debes ser muy cauto porque aquí la gente es muy especial y debes llevártela tranquila. Aquí mismo nos han asaltado, nos la han cobrado por cuestiones de malos entendidos”, reconoció.

CAPITALMEDIA solicitó una entrevista con el director general de Mercados y Centros de Abasto, Alejandro Piña, para obtener una explicación acerca de las diversas normas infringidas por las romerías en esta temporada, sin embargo, la petición no fue atendida.

La normatividad para romerías establece como sanciones máximas la revocación del permiso y el retiro de bienes y productos a los comerciantes infractores, mientras que la Ley de Cultura Cívica impone multas que alcanzan los 30 días de salario mínimo y arresto de hasta por 36 horas.