Investigadoras cuestionan megaproyectos gubernamentales; son contrarios al uso de energías renovables
Durante el año pasado, el gobierno únicamente se destinó 0.3% del presupuesto federal a la protección medioambiental, afirmó en el Seminario Web 2.
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar, manifestó que las megaobras que desarrolla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sustentan en el uso de energías fósiles, lo cual contradice la necesidad de transitar hacia las renovables.
“Las obras insignia Tren Maya, Corredor Transístmico de Tehuantepec, Aeropuerto de Santa Lucía y Refinería Dos Bocas avanzan, a pesar de los daños severos que ocasionarán a los ecosistemas naturales y de que las comunidades afectadas no fueron consultadas de manera apropiada”, indicó la doctora.
En la ponencia Megaproyectos en México, ¿discurso contradictorio?, señaló, además, que tan sólo los proyectos de fracking han recibido una inversión superior a 10 mil millones de pesos, a pesar de declaraciones previas de que no se llevaría a cabo este tipo de explotación.
Destacó que durante el año pasado, el gobierno únicamente se destinó 0.3 por ciento del presupuesto federal a la protección medioambiental, afirmó en el Seminario Web 2 ¿Qué tipo de desarrollo queremos para México?, organizado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung.
El enfoque operativo de la administración está orientado a crear condiciones para forjar un polo económico que beneficie a la industria con combustibles fósiles, en particular a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras empresas privadas domésticas y transnacionales.
Señaló que si bien la gestión de López Obrador ha significado un giro en la visión economicista, pues prevé favorecer a la población más vulnerable algunos especialistas han señalado que los programas sociales carecen de una metodología efectiva de aplicación, por lo que los beneficios serían marginales.
“Los proyectos con gran impacto social son necesarios para el desarrollo regional, pero deben respetar la ecología y la autonomía de las comunidades, además de implicar un análisis interdisciplinario, ya que los de índole extractiva que cobraron auge en sexenios pasados, con capital público y privado se enmarcaron en tratados de libre comercio que enfatizaban materias primas estratégicas: minerales, hidrocarburos y agua”, puntulizó la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.
Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, e Isabel Clavijo Flores, socióloga del Proyecto PODER, coincidieron en la necesidad de evitar la depredación que ocasionan las empresas mineras en el país, vulnerando el derecho a la libre autodeterminación de los pobladores sobre su territorio.
“Sin el consentimiento de los habitantes, las corporaciones se instalan y dañan el entorno, mientras los representantes sociales que defienden los recursos naturales son encarcelados y asesinados”.
