Tribunal Supremo de Venezuela violó la Constitución, dice la Fiscalía

CARACAS. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó este viernes que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional evidencian varias violaciones a la Constitución.

Dos días después del fallo por el que el máximo tribunal asumió las atribuciones del Congreso, la fiscal sorprendió al país al denunciar que hubo una “ruptura” del orden constitucional.

Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz, quien en el pasado estuvo vinculada al oficialismo, manifestó su “alta preocupación” por las recientes sentencias del máximo tribunal que han desatado una crisis política en Venezuela y llamó a reflexionar para que se tomen los “caminos democráticos” de respeto a la Constitución y se rescate la pluralidad.

Las declaraciones de la fiscal llegaron horas después de que la oposición anunciara que enfrentaría la decisión del Tribunal Supremo con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales.

“Hemos entrado en una etapa de resistencia”, dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.

Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un “desacato” del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.

La movilización pacífica en la calles será uno de los frentes en los que trabajará la oposición para impulsar la presión interna y lograr una “gran movilización nacional” a favor de las elecciones, la liberación de los presos políticos y el “rescate de la institucionalidad”, dijo a AP el diputado Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo.

A su vez, indicó que la oposición espera que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se siga avanzando en las decisiones que se acordaron a inicios de semana.

En Caracas, varias decenas de universitarios, al grito de “Libertad”, se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes, empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido.

La dirigente estudiantil María Gabriela Cortés relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros “fuertemente golpeados”. “Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban”, agregó.

La Asamblea Nacional convocará para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.

A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, el presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado hasta el momento.

España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que “si se rompe la división de poderes se rompe la democracia”.

En tanto, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur, “ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela”.

Agregó en un comunicado que “los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana”.

En diciembre, los cuatro países decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.

La cancillería venezolana repudió las reacciones internacionales y las consideró una “arremetida” de los gobiernos de la “derecha intolerante” y “pro-imperialista” de la región, que aseguró que está dirigida por el Departamento de Estado en Washington.

El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial se inició en diciembre de 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.

Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.

La pugna se profundizó está semana cuando la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.

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