El desenlace de la “primavera nicaragüense” aún está indefinido

(Cronología)

Managua, 17 Abr (Notimex).- La inconformidad popular hacia una reforma al sistema de seguridad social, que terminó siendo desechada, originó a partir del 19 de abril del pasado año una grave crisis en Nicaragua, en la cual la represión gubernamental ha tenido consecuencias desastrosas con cientos de muertos y miles de desplazados.

Han pasado 12 meses desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció un plan para aumentar las contribuciones de los empleados y patrones al fondo de seguridad social y reducir los beneficios, lo que de inmediato dio pie a protestas en el país.

Miles de personas, principalmente jóvenes y estudiantes, salieron a las calles para expresarse en contra del plan del gobierno, el cual sin dudarlo reprimió con dureza las manifestaciones en Managua y otras ciudades desde el primer día. La coerción policial se cobró alrededor de 25 vidas en los primeros cinco días.

Aunque el gobierno desechó la reforma a la seguridad social el día 22 de abril, las protestas continuaron, atizadas por la represión, pidiendo el fin de la violenta opresión. Dos días después, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Managua una investigación sobre las muertes, que podrían haber sido “ilegales”.

Para el 16 de mayo comienza el llamado Diálogo Nacional entre Ortega y grupos sociales integrados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la mediación de los obispos de la Iglesia católica, para intentar encontrar una solución, pero este primer intento termina una semana después sin avances.

La organización Amnistía Internacional (AI) denuncia para entonces que grupos paramilitares leales al presidente Ortega están reprimiendo y atacando -con el aval del gobierno- a los manifestantes, quienes ahora exigen la renuncia del presidente y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Las manifestaciones se mantienen y a finales de mayo la represión se agudiza durante una protesta de madres cuyos hijos han muerto en las movilizaciones, al tiempo que Ortega rechaza los llamados a su dimisión, por lo que el Diálogo Nacional, que estaba previsto a reanudarse el 28 de ese mes, se suspende.

Con la mediación de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN), las conversaciones se reanudan el 7 de junio y los obispos presentan un plan para la celebración de elecciones anticipadas y reformas constitucionales, pero Ortega solicita un “periodo de reflexión”.

En el mes de junio estalla la violencia generalizada, además de la represión de las protestas, la policía comienza a atacar las barricadas colocadas por manifestantes en Managua y después una huelga general paraliza Nicaragua. Ahora gobierno y oposición se acusan mutuamente de agresión.

La noche del 14 de junio, la policía disparó contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y éstos corrieron a refugiarse en la cercana parroquia de la Divina Misericordia, la cual por horas fue asediada por oficiales y paramilitares. Los universitarios salieron al día siguiente con la mediación obispal.

El 7 de julio Ortega descarta otra vez adelantar elecciones y califica a la oposición y los obispos como “golpistas”, al día siguiente partidarios del presidente irrumpen en la basílica de Diriamba y acosan a los obispos. El día 16 se adopta una ley de terrorismo que contempla hasta 20 años de cárcel para los manifestantes.

Grupos de derechos humanos denuncian la represión, ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias e ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, y piden al gobierno les permita investigar. Aunque Managua accede, para el 31 de agosto expulsa a la misión de la ONU que criticó el “clima de miedo” en el país.

Las protestas en las calles cesan en octubre, pero continúan en aumento las críticas hacia el gobierno de Ortega, la represión y las violaciones a los derechos de los nicaragüenses, con múltiples llamados a investigar la violencia, las muertes y las detenciones ilegales.

El 19 de diciembre, el gobierno también expulsa dos misiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolos de intromisión y prejuicios. Es entonces cuando el gobierno comienza su asedio sobre el periodismo independiente del país.

Decenas de periodistas, considerados críticos del régimen, son censurados, intimidados y detenidos, mientras que diversos medios independientes son cerrados y confiscados sus equipos y documentos.

Uno de los casos más sonados fue el canal 100% Noticias, cuyo director Miguel Mora y su jefa de prensa Lucía Pineda fueron arrestados acusados de terrorismo, al igual que decenas de manifestantes y personas que participaron de manera indirecta en las protestas, como personal médico que atendió a heridos.

En febrero, la ONU condena la “criminalización de la disidencia” en Nicaragua, pero para finales de mes Ortega llama al diálogo nacional, que se reinicia el día 28 enmarcado por la liberación de un centenar de presos, detenidos durante las protestas, pero la oposición exige la libertad de todos.

Los obispos deciden no participar en el diálogo el día 9 y para el 11 la Alianza Cívica se retira de las conversaciones hasta que los prisioneros políticos sean puestos en libertad. Para restaurar las negociaciones, 10 días después, el gobierno acuerda liberarlos en tres meses.

Sin embargo, el pasado 5 de abril terminaron sin acuerdos las negociaciones y, aunque un día después 50 manifestantes son excarcelados, quedaron en evidencia “notables diferencias” en justicia, democracia y asuntos electorales. No obstante, las partes dejaron la puerta abierta a futuras conversaciones.

A un año de que iniciaron las protestas, el saldo de víctimas aún es incierto, ya que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 325 personas han muerto en el curso de la crisis.

Sin embargo, la cifra de decesos se eleva a 561 según el conteo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), mientras del lado oficialista, las autoridades sólo han reconocido 199 muertes.

También es incierto el número de prisioneros políticos, pues según la oposición serían más de 750, pero de acuerdo con el gobierno son unos 300. Sin embargo, por ahora unos 200 han sido excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario.

Se estima que el conflicto ha obligado al desplazamiento de alrededor de 62 mil nicaragüenses, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, alrededor de 60 periodistas independientes se han exiliado en otras naciones para evitar ser encarcelados o salvaguardar su seguridad.

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