Impráctico y Oneroso la consulta popular, considera diputada del PRD

El proceso para llevar a cabo una Consulta Popular es impráctico y oneroso, pues del 2014 a la fecha, se han desechado cuatro peticiones, acumulando un derroche de 27 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral.
Ante ello, Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada del PRD considero urgente modificar la secuencia y las directrices de la Ley Federal de Consulta Popular para optimizar la participación ciudadana
Con este motivo, la legisladora impulsa una iniciativa a través de la cual propone que sea reformado el artículo 28 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Señaló que el propósito es optimizar los recursos públicos y fortalecer este mecanismo de participación ciudadana en favor de las y los ciudadanos del país.
Y es que comento que, de acuerdo al procedimiento actual previsto en el artículo de 28 de dicha Ley, cuando la propuesta de consulta popular sobre un tema proviene de ciudadanos, alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión solicita primero al INE que verifique y cuantifique las firmas de la petición y luego, si se cumplen los requisitos, pide a la Corte que declare la constitucionalidad de la pregunta.
Considero que este proceso abre la puerta a un uso incorrecto de recursos públicos, genera un estímulo negativo para la participación ciudadana y provoca un despliegue innecesario de recursos económicos, humanos y materiales por parte del INE.
Al respecto citó los cuatro fracasados intentos de 2014 a la fecha, dos de ellos en materia de reforma energética. El hecho de que el INE tuviera que verificar la autenticidad y porcentaje de firmas antes de que la Corte rechazara la constitucionalidad de la pregunta propuesta para la consulta popular provocó un desperdicio de 27 millones de pesos.
Por ello, la propuesta de Esparza Márquez invierte el orden de participación del INE y la SCJN, de modo que primero ésta revise la constitucionalidad de la pregunta y luego que el INE cuantifique y verifique la autenticidad de los peticionarios.
Es decir, que recibida la petición por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda, la publicará en la Gaceta Parlamentaria y enviará la petición a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales.
Si la SCJN declara inconstitucional la pregunta, la Cámara que le envió la solicitud archivará el asunto como total y definitivamente concluido, por lo que el INE no tendrá que hacer acción ni gasto alguno.
“La idea es otorgar mecanismos de participación a los ciudadanos para intervenir en asuntos de interés colectivo, sin obstáculos que propicien gastos innecesarios”, concluyo la legisladora del sol azteca.