Hasta 15 años de cárcel a “mapaches electorales”, propone Ricardo Monreal

Suplantación del elector, quema de urnas, coacción o presión del voto, compra de votos, sustracción de ánforas, adulteración de actas de elección, sustitución de paquetes electorales, embarazo de urnas, caída del sistema de cómputo, utilización de recursos, complicidad, control de los medios de comunicación, carrusel y hasta la operación tamal, son solo algunas de las “estrategias” que algunos mexicanos a los que se les llama “mapaches electorales”, utilizan para cometer fraude.

Lamentablemente son prácticas que forman parte de nuestra historia política y dan forma a este fenómeno de constante presencia dentro del sistema electoral, alterando la incidencia directa de la democracia plasmada en la Constitución Política.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en el futuro no se registre un fraude electoral, porque ya no se promueve desde el poder. “Lo digo con toda franqueza que no estén pensando los gobernadores que no se va a meter el Gobierno federal si aplican prácticas de compra de voto, acarreo, de reparto de dádivas”, advirtió.

Advertidos todos, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 ter de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para sancionar la conducta de coparticipación dirigida a violentar ese régimen democrático.

Además, tiene el propósito es fortalecer las penas en materia de fraude electoral, “conducta que ha caracterizado históricamente a nuestro país”, reconoce el senador zacatecano y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

La iniciativa establece la integración de un tipo penal que busca que las afectaciones a los procesos electorales no queden impunes, y se dé un ejemplo a la sociedad para “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”.

El tipo penal que busca adicionar indica que, si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas previstas como delito en la Ley antes mencionada, la pena que se impondrá será de cinco a 15 años de prisión y multa de mil 500 a 7 mil 500 veces el valor diario de la UMA.

Además, la pena de prisión puede aumentar hasta en una mitad si la autoridad jurisdiccional competente en materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en detrimento de uno o más de los principios constitucionales.

Esto también aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, detalla la iniciativa del senador por Morena, quien tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con esta iniciativa el senador coincide con el presidente que en las elecciones de 2021 -se renovarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, el gobierno no permitirá el fraude electoral y es que el jefe del Ejecutivo fue claro al advertir que “desde su administración estarán muy al pendiente del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que los comicios sean limpios y libres”.

Monreal Ávila detalla que la propuesta se basa en la necesidad de discutir y reformar la legislación aplicable en materia penal electoral para hacer más eficiente la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de mejorar la relación con la autoridad y con la actividad jurisdiccional.

Apunta que, aunque existen tipos penales que definen las conductas consideradas como delito electoral, debe garantizarse la correcta aplicación de éstas para que los procesos electorales se desarrollen cumpliendo los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad.