Nexos entre empresas fantasmas y funcionarios

En la investigación de empresas fantasmas que inició la alcaldía de Álvaro Obregón, el nuevo gobierno encontró que detrás de algunas están exfuncionarios de la delegación que resultaron beneficiados con contratos y hoy exigen al equipo de Layda Sansores el pago de sus deudas.

De las cinco empresas que inicialmente están bajo la lupa, la alcaldía encontró que en el caso de Gamac Constructores, quien recibió 37 millones 217 mil pesos en contratos tan sólo este año, participa René Arias Andrade, quien fuera el director de Obras de Álvaro Obregón en el periodo de la exdelegada María Antonieta Hidalgo Torres (2015-2018).

Este personaje fue también coordinador de Obras en el periodo de 2009 a 2011 cuando gobernó esa demarcación el experredista Eduardo Santillán, quien hoy es diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Según el expediente que armó Layda Sansores y su equipo, GAMAC “es una empresa de René Arias, exdirector de Obras. Su sobrino es el que aparece como representante legal. El domicilio es falso, sólo hay casas, pero ninguna empresa”, precisa el documento en poder de Reporte índigo.

Reporte Índigo publicó ayer que la alcaldía de Álvaro Obregón detectó una red de empresas beneficiadas con contratos millonarios cuyos domicilios son falsos.

El mismo caso detectó el actual gobierno de Álvaro Obregón con la empresa Desarrolladora de Proyectos Obra Civil (DEPROC), la cual se presume es propiedad de Javier Vértiz, exdirector general de Obras y Servicios Urbanos durante el mandato de Leonel Luna Estrada, exdelegado y excoordinador de la bancada del PRD en la extinta Asamblea Legislativa.

“De igual manera el domicilio no coincide con la empresa señalada”, precisa el documento. “Se tiene información objetiva de varias personas físicas, quien en la actualidad son acreedores de la alcaldía Álvaro Obregón, sin embargo, algunas de ellas son actualmente servidores públicos, fueron servidores públicos o tienen una relación con un tercero donde se privilegian situaciones económicas o personales generando un conflicto de intereses”, dice el documento.

Según el rastreo de empresas y contratos, detrás de las compañías hay exempleados y empleados de la anterior delegación que prestaron servicio en el ramo de la construcción, servicios y distribución de artículos.

“Por lo que hace a algunas personas físicas, una de las acreedoras mantiene una relación sentimental, con anterior funcionario de lo que fue la delegación Álvaro Obregón, asimismo otros acreedores como personas físicas son empleados de la misma alcaldía, mientras algunos ya fallecieron”, resalta la investigación de la actual alcaldesa.

Al comenzar esta administración algunos acreedores empezaron a cobrar deudas pendientes y al investigarlos se descubrió que algunos eran trabajadores de la alcaldía

“Las irregularidades consentidas por la anterior administración se observan tanto en las empresas que no existen, así como en las personas físicas unas ya que figuran como occisos y otros que son empleados, no pasando por alto los ex -empleados, dichas irregularidades, siendo actos consentidos de la anterior administración y que provocan un detrimento patrimonial a la hoy alcaldía, por la cadena de corrupción”.

Servidores públicos y “empresarios”

Apenas asumió Layda Sansores a la alcaldía de Álvaro Obregón, un montón de acreedores comenzaron a cobrar deudas pendientes. Al revisar quienes eran, el gobierno morenista encontró que muchos de estos fueron trabajadores de la delegación.

Las personas físicas que están bajo la lupa son: Lesley Denisse Barrón de León, a quien se le debe un millón 21 mil pesos. Aparece con el número de empleado 997374, un puesto de coordinadora de área B-2 y un sueldo mensual bruto de 36 mil 805 pesos. Según esta ficha trabajó sólo dos meses en Álvaro Obregón de abril a junio de 2016

“De lo anterior se desprende la existencia de un posible conflicto de intereses, al ser una acreedora, cuando había sido empleada de la delegación hoy Alcaldía”, concluye la investigación interna.

En ese caso está Francisco Javier Margarito Quintana, localizado con el número de empleado 1037800 y el puesto de jefe de sección en la delegación Gustavo A. Madero con un sueldo mensual de 8 mil 558 pesos.

Gustavo Alfonso Ramírez Cruz, otro de los acreedores-funcionarios, reclama el pago de una deuda de cinco millones cien mil pesos.

“Quien aun siendo persona física actúa como empresa en el fallo IRN/DRMYSG/CAA-028/15 por ello es importante tomar en cuenta que para el concurso de servicios de proveedores es necesario actuar como persona moral”.

Otro de los acreedores que también fue ubicado como ex servidor público es Luis Gabriel Castillo Chavira, a quien la alcaldía le debe cuatro millones 634 mil pesos. Apareció con el número de empleado 987148 en Álvaro Obregón, con el puesto de Jefe de oficina en concursos y percibía un sueldo de siete mil 935 pesos.

Según la ficha inició en el puesto en marzo de 2018 hasta el 15 de julio de 2018 (día de la elección).

Miguel Ángel Gómez Rodríguez fue localizado con el número de empleado 800288, con el puesto de jefe de sección en coordinación de obras públicas en Álvaro Obregón, con un sueldo mensual de 8 mil 500 pesos.

La investigación arrojó que aún cuando es un acreedor, la ficha técnica resalta su defunción.

Tomás Hebolo Hernández Carballido, es otro de los acreedores localizado como empleado de Álvaro Obregón con el puesto de coordinador de nóminas y desarrollo de personal, con un sueldo mensual de 38 mil 603 pesos. Inició su trabajo en noviembre de 2003 y estuvo activo hasta septiembre de 2006.

“Fue servidor público del en pasadas administraciones de la Delegación Álvaro Obregón, hoy Alcaldía y funge como acreedor de la demarcación”.

Leslie Martínez Ávila es otra persona física que aparece como acreedora a pesar de que se le encontraron vínculos sentimentales con Juan Pablo Izquierdo Medina, otro exfuncionario de esa demarcación.

Van contra empresas fantasma

La semana pasada, la bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa que pretende frenar los contratos entre gobierno y las llamadas “empresas fantasmas”.

El documento pide la prohibición de contratos de adquisiciones, arredramientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT.