Multan a siete empresas de traslado de valores por acordar precios y repartirse el mercado
Los agentes económicos pactaban precios mínimos de referencia, así como la segmentación del mercado mediante un acuerdo para respetar entre ellos a sus clientes
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso multas que en conjunto ascienden aproximadamente a 123.5 millones de pesos a seis empresas que prestan servicios de traslado, custodia y procesamiento de valores en el territorio nacional y a 10 representantes de las mismas.
Las empresas sancionadas son Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra), SEPSA, Seguritec Transporte de Valores (Seguritec), Tecnoval de México (Tecnoval), Transportes Blindados Tameme (Tameme), Servicio Pan Americano de Protección (Panamericano) y Grupo Mercurio de Transportes (Grumer), detalló la Comisión.
Los agentes involucrados son Constantino Huerta Barragán, en representación de Cometra, Seguritec, SEPSA y Tecnoval; Enrique Abundio de Jesús Higuera Garza, en representación de Cometra, Seguritec, SEPSA y Tecnoval; José Ricardo Rodríguez Tello, en representación de Cometra; Jesús Cruz Vorrath, en representación de Cometra, Seguritec y SEPSA; Raúl Cuenca Adame, en representación de Cometra y SEPSA; Rafael Oliva Mota, en representación de Tecnoval; Ubaldo Íñiguez Arellano, en representación de Seguritec y SEPSA; Martín García Vivanco, en representación de Tameme; Noé Encarnación Galarza Gómez, en representación de Panamericano, y Javier Nicolás Téllez Pardo, en representación de Grumer.
Las conductas sancionadas consistieron en acuerdos entre estos competidores para establecer coordinadamente la denominada “cuota de peaje”, es decir, el cobro que hacía una empresa de traslado de valores para permitirle el acceso a otra a sus instalaciones; determinar precios mínimos de referencia para los servicios ofertados en el mercado, lo cual ocurría cada año; y segmentar el mercado mediante un acuerdo para respetar entre ellos a sus clientes durante los periodos de ajustes de precios.
En caso de incumplirlo, implementaban un mecanismo a través del cual identificaban la pérdida y posterior compensación de estos.
Los pactos se hicieron en diversas reuniones entre los representantes de las empresas responsables entre 2005 y 2011.
